Por Crispín Barrera Ponce
*En voz de su Coordinadora, Verónica Juárez, considera insuficiente que el propio Saldívar haya solicitado la opinión de los otros ministros.
Coneme / La Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, respaldó la propuesta de interponer a la brevedad una acción de inconstitucionalidad contra el artículo décimo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el Poder Judicial de la Federación, ya que mediante dicho transitorio se pretende prorrogar inconstitucionalmente por dos años la presidencia del ministro Arturo Saldívar Lelo Delarrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Durante sus conclusiones del Seminario “Autonomía e Independencias Judiciales, División de Poderes y Democracia”, que organizó y moderó con legisladoras de otros grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, Juárez Piña coincidió en que no es suficiente que el propio presidente Saldívar haya solicitado a los otros ministros pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del decreto, sino que es necesaria la presentación formal de la acción de inconstitucionalidad.
“Con independencia de la iniciativa del presidente Saldívar, no dejemos de lado el medio jurisdiccional, que es el adecuado, y que no solamente se centre en el artículo décimo tercero, sino que también abarque otros puntos de la reforma”, expresó.
La dirigente perredista también coincidió en la necesidad de abarcar, en la reforma, otros aspectos del Poder Judicial de la Federación e incluso de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, como lo relativo a la independencia de sus contralorías.
Igualmente, por bien de todas y todos, consideró necesario apoyar y defender desde la sociedad civil la autonomía e independencia del Poder Judicial, tal como se ha venido haciendo desde los primeros años del Siglo XIX del México independiente.
“Desde la sociedad civil organizada, la autonomía del Poder Judicial resulta un elemento fundamental en la defensa de los derechos de todas y todos los ciudadanos, por lo cual la discusión respecto a las consecuencias que tiene la extensión del mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, regulado por la Constitución, a través de un Transitorio de un decreto que emite disposiciones legales, resulta de suma importancia”, afirmó.