Coneme / La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó con 78 votos el pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña, durante una sesión extraordinaria convocada en medio de los cuestionamientos por la intervención de Ueno Bank. Mientras se desarrollaba el debate, el mandatario presentó su renuncia al cargo, de acuerdo con la información difundida durante la jornada.
La Cámara de Diputados comunicó que la acusación fue promovida por 35 legisladores, quienes ingresaron el libelo acusatorio por Mesa de Entrada. El documento atribuye a Peña un posible conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding y cuestiona decisiones relacionadas con el sistema financiero y la administración pública.
La sesión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por Capital. El legislador llamó a dos sesiones extraordinarias: una para tratar la acusación contra Peña y otra para analizar el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana.
El Partido Colorado respaldó el procedimiento contra el presidente, pero no apoyó la acusación contra Alliana. La votación dejó así encaminado el proceso contra Peña, mientras el pedido relacionado con el vicepresidente quedó fuera del respaldo de la principal fuerza política del país.
La solicitud fue presentada en medio de los cuestionamientos políticos por la situación de Ueno Bank, asunto que concentró la atención del Congreso y de la opinión pública durante las últimas semanas. El escrito señala que cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) se concentraron en esa institución bancaria por encima de los límites establecidos en la normativa vigente.
Entre los argumentos de la acusación también figura el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, como titular del Banco Central del Paraguay. Los legisladores firmantes consideran que esa designación es incompatible con el deber de resguardar el interés público, según el contenido del escrito presentado ante la Cámara.
El documento acusa además a Peña de haber impulsado modificaciones a la ley de conflictos de intereses. Los señalamientos deberán ser analizados en la siguiente etapa del procedimiento, que contempla la intervención de la Cámara de Senadores como órgano encargado de juzgar la acusación.
El juicio político está previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. La Cámara de Diputados tiene la facultad de formular la acusación y requiere dos tercios de los votos para aprobarla. Una vez remitido el caso al Senado, esa cámara debe actuar como juez y necesita también una mayoría de dos tercios para declarar culpable al acusado.
La Cámara de Diputados eligió como fiscales acusadores ante el Senado a Rodrigo Blanco, Pedro Gómez, Adrián Vaesken y Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por Central; Raúl Benítez, independiente por Central; Mauricio Espínola y Carlos Núñez Salinas, de la ANR por Capital y Central, respectivamente; y Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ) por Capital.