Por Claudia Rojas
*El planteamiento busca contribuir a la protección de las personas arrendatarias ante el encarecimiento de los alquileres y el desplazamiento habitacional *El aumento de las rentas puede obligar a las familias a abandonar sus comunidades y alejarse de sus centros de trabajo y redes de apoyo
Coneme / La posibilidad de vivir en la Ciudad de México no debería convertirse en un privilegio condicionado por el precio de una renta. Bajo esta premisa, la diputada de Morena, Iliana Sánchez Chávez, presentó una iniciativa para fortalecer el reconocimiento de la vivienda adecuada en las leyes capitalinas y establecer bases jurídicas que contribuyan a proteger este derecho humano frente a las presiones del mercado inmobiliario.
La propuesta pone en el centro del debate legislativo una problemática que afecta la estabilidad de los hogares: las dificultades para encontrar y conservar una vivienda cuyo costo sea compatible con los ingresos familiares. A ello se suman los riesgos de desplazamiento que enfrentan quienes, ante el incremento de los alquileres, se ven obligados a buscar alternativas habitacionales lejos de las zonas donde trabajan, estudian o mantienen sus vínculos comunitarios.
Para Sánchez Chávez, el desafío consiste en avanzar de una visión que reconoce la importancia de contar con una vivienda digna hacia otra que establezca condiciones más amplias para garantizar que las personas puedan habitarla con seguridad, bienestar y certeza jurídica.
«Nosotros en la Transformación reivindicamos la vivienda digna frente al modelo que la veía como mercancía. Hoy damos el siguiente paso: garantizar la vivienda adecuada, que significa no solo tener un techo, sino poder vivir y permanecer con plenitud y justicia en nuestra Ciudad», afirmó desde tribuna.
La legisladora explicó que su iniciativa retoma la evolución del marco constitucional federal en materia de vivienda, que en 2024 incorporó el concepto de vivienda adecuada, en consonancia con los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este enfoque amplía la comprensión del derecho habitacional al considerar que no basta con disponer de un inmueble. También deben existir condiciones de habitabilidad, seguridad jurídica, asequibilidad, acceso a servicios básicos y una ubicación que permita a sus habitantes desarrollar sus actividades cotidianas.
Con el propósito de trasladar esta visión a la legislación de la Ciudad de México, Sánchez Chávez propuso modificar dos ordenamientos.
El primero es el artículo 5 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, para sustituir el concepto de vivienda digna por el de vivienda adecuada. El segundo corresponde al artículo 2448-A del Código Civil local, a fin de que los contratos de arrendamiento de casa habitación observen el derecho humano a la vivienda adecuada.
La intención es que este principio tenga presencia tanto en las disposiciones que regulan la vivienda como en las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos. De esta manera, la iniciativa busca fortalecer el marco jurídico con una perspectiva que reconozca las necesidades de quienes rentan y la importancia de garantizar condiciones habitacionales adecuadas.
Cuauhtémoc, ejemplo de la presión sobre los hogares
Uno de los aspectos que la diputada destacó es el desplazamiento de familias en alcaldías como Cuauhtémoc, donde el encarecimiento de las rentas dificulta la permanencia de habitantes en determinadas zonas de la capital.
El problema tiene consecuencias que van más allá del pago mensual de una vivienda. Cuando una familia debe mudarse por razones económicas, también puede perder cercanía con su empleo, sus escuelas, sus redes de apoyo y los servicios que forman parte de su vida cotidiana. En una ciudad con profundas desigualdades territoriales, estas condiciones convierten el acceso a una vivienda asequible en un componente fundamental de la inclusión social.
Ante este escenario, la iniciativa de Sánchez Chávez se suma a la discusión sobre la necesidad de establecer relaciones de arrendamiento más equilibradas y evitar que el costo de habitar la ciudad se convierta en un factor de exclusión.
La legisladora vinculó su propuesta con la agenda de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para crear una Ley de Relaciones Inquilinarias y de Rentas Justas, con la que se busca atender los desafíos que enfrentan las personas arrendatarias y avanzar hacia condiciones más justas en el mercado de alquiler.
La coincidencia entre ambas propuestas coloca el derecho a la vivienda como un asunto prioritario de la agenda social y legislativa de la capital, particularmente ante la necesidad de conciliar el desarrollo urbano con la protección de las familias que residen en ella.
Sánchez Chávez sostuvo que la vivienda debe entenderse como un derecho y no como un privilegio reservado a quienes tienen mayores recursos económicos. Desde esta perspectiva, la actualización de las leyes representa un paso para fortalecer la protección habitacional y reconocer que el acceso a un espacio seguro y adecuado es indispensable para el bienestar de la población.
«En la Cuauhtémoc y en toda la Ciudad, la vivienda no es privilegio ni mercancía, es un derecho», concluyó.
Con esta iniciativa, la diputada de Morena busca contribuir a una política habitacional que no se limite a garantizar la existencia de viviendas, sino que también considere las condiciones económicas, jurídicas y sociales necesarias para acceder a ellas y permanecer en la ciudad.
El objetivo de la propuesta es avanzar hacia una Ciudad de México en la que las familias puedan construir su proyecto de vida sin que el encarecimiento de las rentas las obligue a abandonar sus comunidades, y en la que el derecho a la vivienda adecuada cuente con un mayor respaldo en la legislación local.