Por Claudia Rojas
*Tabe presume que la demolición tenía permiso; precisamente por eso tiene más que explicar: si conocían la obra, ¿quién la supervisó?”, cuestionó Víctor Hugo Romo
Coneme / Los diputados Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Paulo García presentaron una denuncia ante la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos de la Ciudad de México contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, y el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Garrido López, por las posibles responsabilidades derivadas del colapso registrado durante la demolición del inmueble ubicado en Minería 145, colonia Escandón II Sección.
Romo señaló que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades, pero sostuvo que existen elementos suficientes para investigar la probable comisión de diversos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
La denuncia señala como posibles conductas delictivas el ejercicio ilegal del servicio público por incumplimiento de funciones; corrupción inmobiliaria; uso ilegal de atribuciones y facultades; abuso de autoridad; daño en propiedad, así como los delitos que resulten de la investigación.
“Aquí no estamos hablando de una obra clandestina. Había licencia, expediente, propietario, Director Responsable de Obra y autoridades que conocían perfectamente el proyecto. Tabe dice que había permiso; precisamente por eso tiene más que explicar: si conocían la obra, ¿quién la supervisó?”, afirmó Romo.
El legislador recordó que la demolición contaba con la Licencia de Construcción Especial MHLE/D/059/2026, correspondiente al expediente FMH-016-2026, para trabajos sobre una superficie superior a los 9 mil 300 metros cuadrados.
Además, señaló que existen antecedentes de reuniones desde enero de 2026 entre funcionarios de la Alcaldía, representantes del inmueble y vecinos, por lo que, sostuvo, la autoridad tenía conocimiento previo de las dimensiones y características del proyecto.
En su oportunidad, el diputado Paulo García señaló los esquemas de corrupción que han demostrado diversas alcaldías gobernadas por el PAN. “Ésta es una expansión del Cartel Inmobiliario en la Miguel Hidalgo. No es casualidad que esta falta de supervisión de las normas de desarrollo urbano en un contexto donde están permitiendo a diestra y siniestra construir pisos irregulares para el beneficio de unos cuantos”, declaró el vocero del Grupo Parlamentario.
Romo enfatizó que la existencia de una licencia no extingue las facultades de vigilancia y verificación de la Alcaldía: “Una licencia no es un cheque en blanco. La obligación de la autoridad no termina cuando entrega un papel. Tenía facultades para verificar que la demolición se realizara conforme al proyecto autorizado y con las medidas de seguridad correspondientes”, subrayó.
El colapso ocurrido el pasado 11 de agosto provocó que materiales de la demolición rebasaran los límites del predio y llegaran hasta los carriles laterales de Viaducto Presidente Miguel Alemán, además de afectar el entorno y generar riesgos para trabajadores, peatones, automovilistas y vecinos.
Por ello, la denuncia solicita a la Fiscalía requerir el expediente completo de la demolición, las actas e informes de las visitas de verificación realizadas por la Alcaldía, las responsivas técnicas, la memoria del procedimiento de demolición, las medidas de protección y las bitácoras de obra.
También se solicita la realización de un peritaje en arquitectura que permita establecer las causas del colapso y determinar si una adecuada vigilancia y las verificaciones administrativas correspondientes pudieron haber prevenido el hecho.
“Si Tabe y Garrido hicieron su trabajo, que aparezcan las verificaciones. Que muestren cuándo fueron, qué revisaron, qué irregularidades detectaron y qué medidas ordenaron. Y si no existen, tendrán que explicar ante la Fiscalía por qué no supervisaron una demolición de esta magnitud”, sostuvo Romo.
Finalmente, el diputado señaló que la denuncia busca que se investiguen tanto las responsabilidades de particulares y responsables técnicos como las posibles omisiones de servidores públicos.
“No vamos a permitir que simplemente se eche la bolita al constructor o al DRO. También debe investigarse la actuación de la autoridad. En Miguel Hidalgo no puede normalizarse que las irregularidades inmobiliarias pongan en riesgo a vecinos y ciudadanos y que después nadie se haga responsable. Que investigue la Fiscalía y que responda quien tenga que responder”, concluyó.