Por Jorge Hernández

*Se busca proteger la economía familiar y prevenir prácticas comerciales abusivas

Coneme / La alta demanda de útiles escolares propia del inicio del ciclo escolar 2026-2027 puede propiciar incrementos injustificados, publicidad engañosa, falta de visibilidad de precios o cobros distintos a los previamente informados, advirtió la Comisión Permanente en un dictamen que aprobó el pasado 19 de agosto.

En este contexto, la Asamblea exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que durante el periodo de regreso a clases 2026 refuerce el monitoreo, verificación, orientación y atención de denuncias relacionadas con la venta de útiles, uniformes y demás artículos escolares.

El dictamen se deriva de los puntos de acuerdo que presentaron, en su momento, la diputada Jessica Saiden Quiroz y el senador Homero Davis Castro de Morena.

Con ello se busca proteger los derechos de los consumidores y prevenir prácticas comerciales abusivas, publicidad engañosa o cobros que no correspondan a los precios exhibidos, ante el arranque del ciclo escolar, según informó la SEP, el próximo 31 de agosto en las escuelas públicas y privadas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En el documento aprobado, senadores y diputados agregaron que, en el operativo especial de regreso a clases de 2025, la Profeco reportó el monitoreo de miles de productos relacionados con la temporada, así como asesorías, visitas de vigilancia, verificación y servicios de calibración de instrumentos de medición; además, informó sobre suspensiones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Recordaron que ese ordenamiento obliga a todo proveedor a informar, respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, cargos, términos y demás condiciones ofrecidas a los compradores, así como a dar a conocer de forma notoria y visible el monto total a pagar.

En ese sentido, los legisladores subrayaron que el exhorto contribuye a dar certeza a consumidores, a la protección de la economía familiar y a que los recursos destinados por los hogares para la adquisición de útiles y uniformes escolares no se vean disminuidos por prácticas comerciales abusivas.