Por Jaime Arizmendi González
* La madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos dio cumplimiento a dos órdenes de cateo y durante la ejecución de una de ellas, aprehendió a Jesús Noé «N», quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de violación de la comunicación privada y peculado; el aparato de espionaje especialmente operaba para ejecutar planes con fines político-electorales
Argonmexico / En seguimiento al compromiso asumido por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país para mantener a la ciudadanía al tanto de las investigaciones sobre una operación de espionaje posiblemente financiada con recursos públicos y ejecutada por funcionarios de la anterior administración capitalina, Ulises Lara, vocero de la institución informó de la captura de un implicado más derivado de la investigación iniciada en 2018 desde el comienzo del actual sexenio por espionaje con dinero público durante la administración de Miguel Angel Mancera.
En conferencia amplió detalles respecto a las pesquisas realizadas por la intervención de teléfonos de políticos como el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entre otros.
Mantuvo la reserva de más nombres de personas y sus familias que fueron espiadas, vigiladas de manera ilegal; sin embargo, reveló que entre ellas se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en la misma Fiscalía
Expuso que Jesús Noé «N» fue asegurado en un inmueble ubicado en la colonia San Diego Ocoyoacac, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Varonil Norte donde fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió
“Esta persona era uno de los servidores públicos que posiblemente almacenaba la información del espionaje en memorias USB y con ellas realizaba presentaciones, las cuales entregaba a las personas que las analizaban para el visto bueno correspondiente…Hecho lo anterior, dichas personas las entregaban a los destinatarios finales; toda esta actividad ilícita presumiblemente la realizaban en el inmueble ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en el Centro de la Ciudad”, agregó.
Un segundo cateo fue ejecutado en un inmueble de la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante la revisión del inmueble se recabaron indicios consistentes en medios electrónicos, como dos computadoras y cuatro memorias USB. En ambas diligencias, efectuadas de manera paralela, participaron fiscales, agentes del Ministerio Público y detectives de la Policía de Investigación, en estrecha colaboración con expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en diversas especialidades.
La FGJCDMX informó este viernes que ministerios públicos formularon imputación contra José Roberto “N”, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada.
José Roberto «N», a quien le fue ordenada prisión preventiva justificada y tuvo funciones de mando en la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría capitalina, posiblemente operaba el vehículo utilizado para dichos delitos.
En seguimiento a la investigación sobre este caso de espionaje operado en la pasada administración capitalina, la Fiscalía de Justicia capitalina presenta así el esquema de operación o modus operandi de esta célula de espionaje.
Como se dio a conocer en su momento, esta operación fue posiblemente orquestada entre 2013 y 2018 desde el Gobierno Central, que giraba instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que ésta, con el uso de personal de ambas instituciones, se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas desde el multicitado inmueble de la calle Manuel Márquez Sterling.
Derivado de los avances de esta investigación, se cuenta con sólidos indicios para conocer que los posibles operadores intelectuales de este esquema contaban con un alto nivel jerárquico en la anterior administración capitalina.
Dichos funcionarios, posiblemente solicitaban a un alto comandante, con nivel de Dirección General de la otrora Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara de llevar a cabo todas las actividades de espionaje, al fijar sus objetivos y a los personajes a los cuales se les violaría su privacidad.
Asimismo, mediante este nexo, posiblemente se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener financieramente a la célula. A su vez, dicho servidor público de la Procuraduría General probablemente remitía sus informes y principales hallazgos a funcionarios del gobierno central.
De esta forma, se organizó un equipo constituido por aproximadamente 30 personas, que tenían a su plena disposición la tecnología operativa de la Procuraduría General para que realizara tanto las actividades de análisis y procesamiento de datos como las tareas de seguimiento de campo. Este equipo, a su vez, reportaba sus quehaceres al comandante de la PGJ encargado de dirigir la organización.
Dichos servidores públicos se daban a la tarea de intervenir ilegalmente comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; redes de vínculo, geolocalización y rutinas, además de ejecutar planes con fines político-electorales.
Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en esta propia Fiscalía, cuyos nombres reservamos en apego a la Ley y en respeto a la dignidad de las personas.
A medida que avance nuestra investigación para probar los delitos de ejercicio abusivo de funciones, así como violación de la comunicación privada, cuyas penalidades podrían alcanzar los 18 años de prisión, además de las subsecuentes aprehensiones de otras personas posiblemente ligadas a estos hechos y con base en las declaraciones de las personas detenidas, podrá ponerse al descubierto la red de intereses y principales personajes que orquestaron, dirigieron y se beneficiaron de esta operación que hizo un uso desproporcionado de recursos humanos, materiales y financieros distintos a los fines de la administración pública.
“Esta Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley, en las que puedan estar relacionados ex servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad. Al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie”, subrayó el vocero de la Fiscalía de Justicia de la capital del país.