Por Daniel Gómez

*Instituto deberá cumplir todas y cada una de las etapas de la consulta de revocación de mandato

Coneme / La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), correspondiente al 2º. Periodo de Sesiones de 2021, acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se congratuló por la determinación en el sentido de ordenar al INE cumplir tal y como lo ordena el artículo 4o transitorio de la Ley en la materia, que precisa: “el Instituto deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”.

El INE pretendía ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y, en consecuencia al fallo de la Corte, deberá continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera.

Mediante un comunicado, la SCJN establece que con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. “Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

Cabe destacar que la Comisión de Receso advirtió lo determinado en el incidente de suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 209/2021, en la cual el Ministro Instructor sostuvo que resultaba improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo 4o Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato.

“De manera que sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta”, concluyó tajante el máximo tribunal de justicia del país.