Por Jorge Hernández
*Es necesario combatir el discurso de odio contra grupos vulnerables y promover la cultura del respeto, inclusión y convivencia pacífica
Coneme / Para prevenir la reproducción y normalización del discurso de odio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a fortalecer la educación en materia de derechos humanos, igualdad, no discriminación, alfabetización digital y cultura de paz en los centros educativos del país.
Además, llamó a reforzar las medidas para sensibilizar, prevenir y combatir el discurso de odio, de manera particular el dirigido contra personas de grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de promover una cultura de respeto, inclusión y convivencia pacífica.
El dictamen, aprobado en la sesión de 5 de agosto y correspondiente a un punto de acuerdo presentado por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del PT e integrantes del mismo grupo parlamentario, refiere que los discursos de odio no constituyen una variante legítima de la libertad de expresión, sino un mecanismo de agresión verbal y psicológica que deshumaniza a las personas y sirve como preludio de la violencia física e institucional contra grupos históricamente vulnerados.
Señala que México ha suscrito tratados internacionales esenciales en materia de derechos humanos, como la resolución A/RES/79/316 de la Asamblea General de la ONU; existen conmemoraciones como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, y se impulsan acciones conjuntas mediante estrategias de prevención.
Asimismo, apunta que hay proliferación de contenidos discriminatorios mediante algoritmos e Inteligencia Artificial en plataformas digitales, lo que vulnera de forma desproporcionada a la infancia y a la juventud, por lo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) requiere consolidar alianzas para diseñar campañas integrales con enfoque interseccional que contrarrestan la polarización en las redes sociales.
Por todo lo anterior, la Comisión Permanente estimó que se tiene la urgencia institucional de fortalecer la cohesión social y el respeto a los derechos humanos, a través de la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en el país.