Por Jorge Hernández

*Estas circunstancias pueden incrementar su exposición a la trata de personas o la explotación laboral, señalan legisladores

Coneme / México dejó de ser únicamente un país de origen y tránsito de migrantes y se convirtió en uno de destino, refugio y permanencia de personas que migran de su nación para buscar mejores condiciones de vida.

Esta transformación, destacó la Comisión de Estudios Legislativas Primera en un dictamen que aprobó el pasado 29 de julio, tiene un impacto particular en la composición de los flujos migratorios en los que se observa un incremento de mujeres, adolescentes y niñas que se desplazan de manera autónoma, en grupos familiares o en busca de protección internacional.

Tanto las mujeres que se desplazan dentro del territorio nacional como las extranjeras en tránsito, destino, retorno o residencia enfrentan riesgos específicos derivados de factores como la precariedad económica, la ausencia o debilidad de redes de apoyo, las barreras lingüísticas y culturales, la discriminación, así como las dificultades para acceder a servicios de atención, protección y procuración de justicia.

“Estas circunstancias pueden incrementar su exposición a diversas manifestaciones de violencia, entre ellas la violencia sexual, la trata de personas, la explotación laboral y otras vulneraciones a sus derechos humanos”, advirtieron las y los legisladores en el documento.

Por ello, los y las integrantes de la Comisión de Estudios Legislativas Primera aprobaron un dictamen para incorporar de manera expresa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la situación de las mujeres migrantes que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad que agravan los riesgos de violencia de género.

El proyecto busca fortalecer el enfoque diferencial e interseccional que debe orientar las acciones del Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Además de garantizar que las medidas de protección y las políticas públicas respondan efectivamente a las necesidades y contextos específicos de quienes se encuentran en dichas circunstancias.

De acuerdo con información presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2024, por primera vez las mujeres representaron la mayoría de las personas encuestadas en su monitoreo de protección en México, al constituir el 55 por ciento de la población entrevistada.

Dichos datos, agregaron los integrantes de la Comisión, evidencian la creciente feminización de los procesos migratorios y de desplazamiento forzado que tienen lugar en el país.

En ese contexto, destacaron la necesidad de visibilizar las condiciones particulares que enfrentan las mujeres en situación de migración, refugio o desplazamiento, quienes con frecuencia se encuentran expuestas a formas agravadas y diferenciadas de violencias por razón de género.