Por Jorge Hernández
*“No nos sustraigamos de enfrentar esta situación que apenas comienza para el país y que ahora necesitamos recordar la historia, estos episodios negros en los que nos hemos visto inmersos por la relación con Estados Unidos, pero también actuar con dignidad y con cierre de filas con nuestra presidenta”, indica el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo
Coneme / El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que “no podemos soslayar hacer un análisis completo” desde los puntos de vista jurídico, constitucional, histórico y diplomático “sobre los hechos que desde hace dos días han constituido una dinámica mediática sin precedente, con motivo de la solicitud de extradición de un grupo de funcionarios o servidores públicos de Sinaloa. Es importante no evadirlo, y sí entrar al fondo de la discusión”.
En un mensaje en sus redes sociales, Monreal Ávila indicó que “la presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo correcto. Creo y sostengo que está actuando con dignidad y con decoro. Creo firmemente en que está actuando con apego a la ley y al derecho que ella está obligada a respetar, porque eso juró y eso protestó ante el pueblo de México”.
Agregó que “no nos sustraigamos de enfrentar esta situación que apenas comienza para el país y que ahora necesitamos recordar la historia, estos episodios negros en los que nos hemos visto inmersos por la relación con Estados Unidos, pero también actuar con dignidad y con cierre de filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.
En su mensaje Monreal Ávila invitó a leer su artículo, también publicado en sus redes sociales, denominado “Soberanía, derecho y diplomacia: México ante la presión externa. Una perspectiva histórica, jurídica y política”.
En este escrito recordó que “a lo largo de más de dos siglos de vida independiente, México ha enfrentado una relación compleja, muchas veces tensa y profundamente asimétrica con los Estados Unidos de América.
“No se trata de un episodio aislado ni de una coyuntura pasajera: es una constante histórica que ha puesto a prueba, en repetidas ocasiones, la capacidad del Estado mexicano para defender su soberanía, su ordenamiento jurídico y la dignidad de su pueblo”.
Anotó que “el debate contemporáneo no puede analizarse al margen de su contexto histórico y jurídico. Las exigencias externas que buscan imponer acciones al Estado mexicano sin el cumplimiento de los requisitos procedimentales establecidos en el ordenamiento jurídico bilateral no representan simplemente un desacuerdo diplomático: constituyen un desafío directo al principio de igualdad soberana de los Estados”.
En ese sentido, destacó que “la postura del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum debe entenderse en ese marco: no como un acto de confrontación gratuita, sino como la afirmación de principios constitucionales vinculantes. Defender la presunción de inocencia, el debido proceso y el cumplimiento estricto de la ley de extradición no es debilidad institucional; es la condición mínima de cualquier democracia funcional”.
Refirió que la “Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1975 y reformada en múltiples ocasiones, establece con precisión técnica los requisitos procedimentales que deben cumplirse para que México pueda proceder a la extradición de una persona a un Estado requirente.
“Entre estos requisitos destacan: la existencia de un tratado aplicable entre ambos Estados, la doble incriminación del hecho —que la conducta sea delito tanto en el Estado requirente como en México—, la presentación de pruebas suficientes que justifiquen el proceso, y el respeto al principio de especialidad.
“El cumplimiento estricto de estos requisitos no constituye una negativa arbitraria ni un acto de hostilidad diplomática: es, literalmente, la aplicación de la ley. Un Estado de derecho que cede ante presiones para omitir el cumplimiento de su propio ordenamiento jurídico deja de ser, por definición, un Estado de derecho”.
Monreal Ávila aseveró que el análisis histórico, filosófico y jurídico presentado en este documento permite formular las siguientes conclusiones:
“Primera. La tensión entre México y los Estados Unidos en torno al ejercicio de la soberanía mexicana no es una novedad del presente: es una constante histórica documentada desde la primera mitad del siglo XIX. La comprensión de esta constante es indispensable para interpretar correctamente los episodios contemporáneos.
“Segunda. La defensa de la soberanía nacional mexicana tiene fundamentos filosóficos sólidos —Montesquieu, Rousseau, la propia tradición republicana liberal— que trascienden la coyuntura política inmediata y se insertan en una tradición de pensamiento universalmente reconocida.
“Tercera. El cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la Ley de Extradición Internacional y en la Constitución Política no es una obstaculización de la cooperación: es su única forma legítima. La cooperación construida sobre la omisión de la ley es, de facto, subordinación.
“Cuarta. La relación México-Estados Unidos tiene instrumentos jurídicos bilaterales — notablemente el T-MEC— que demuestran la viabilidad de la cooperación entre actores asimétricos cuando se basa en reglas claras. Esos instrumentos, y no la presión unilateral, son el camino legítimo para atender diferencias.
“Quinta. La soberanía, en el México del siglo XXI, no se ejerce como aislamiento ni como confrontación estéril. Se ejerce como afirmación del Estado de derecho, como exigencia de reciprocidad y como condición mínima para una relación bilateral genuinamente constructiva. Como lo sintetizó Juárez, y como lo exige el presente: el respeto al derecho ajeno es la paz”, concluyó Monreal Ávila.