Por Daniel Gomez Trejo
*Morena presenta avances de organización territorial en la ciudad
Coneme / La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se unió a la exigencia de justicia por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, y respaldó las
acciones que lleva la Fiscalía capitalina para atender el caso. En ese marco, los legisladores
presentaron una agenda legislativa centrada en la seguridad, la rendición de cuentas y el cuidado
de todas las personas.
El diputado Alberto Martínez Urincho encabezó la presentación de una reforma que crea un nuevo
tipo penal para perseguir la extorsión desde sus primeras manifestaciones, aun cuando el crimen
no llegue a consumarse: el hostigamiento coercitivo.
La iniciativa propuesta por la Jefa de Gobierno Clara Brugada reforma el Código Penal local en
tres frentes: armoniza la legislación de la Ciudad con la nueva Ley General en materia de
extorsión, incorpora expresamente la violencia física o moral como agravante en casos de
cobranza ilegítima, y crea el nuevo delito de Hostigamiento Coercitivo, que permite a la autoridad actuar desde el primer acto de amenaza o intimidación, sin necesidad de esperar a que el daño se concrete o el extorsionador obtenga un beneficio. Esta última figura llena un vacío legal real: protege a comerciantes, transportistas y vecinos que hoy enfrentan amenazas que, por no consumarse, quedaban sin castigo.
La reforma permite actuar antes de que el daño se concrete, sin importar la forma que tome la
amenaza. «Aunque el crimen no se consumaba, quedaba el temor y la zozobra que permanece en
la sociedad», señaló el legislador.La reforma convoca a todas las fuerzas políticas al debate y
busca que más personas se atrevan a denunciar. Urincho fue claro: quieren atajar la extorsión en
todas sus formas.
En el mismo tema, el diputado Paulo García recordó que la legislación ya contempla un agravante
específico para servidores públicos: quien utilice su cargo para extorsionar enfrentará una pena
mayor a la que correspondería a cualquier ciudadano. «Eso se tiene que entender en todas las
esferas públicas», dijo García, y señaló que este agravante ya ha sido aplicado en casos ocurridos
en alcaldías gobernadas por la oposición.