Por Elizabeth Vaca
Coneme / El diputado de Morena, Pedro Haces Lago, presentó una iniciativa para sancionar el nepotismo en la Ciudad de México y frenar su arraigo en la administración pública.
En un intento por reforzar la ética gubernamental, el legislador planteó tipificar el nepotismo como una falta administrativa, con el fin de castigar a quienes utilicen su cargo para beneficiar a familiares, parejas o personas allegadas. La propuesta abarca incluso esquemas de contratación por honorarios, frecuentemente señalados como vías de simulación.
Haces Lago argumentó que estas prácticas no solo distorsionan el acceso al servicio público, sino que también erosionan la credibilidad institucional. “Cuando el servicio público se utiliza para beneficiar a familiares, amistades o personas cercanas, se rompe la relación entre el gobierno y la ciudadanía”, sostuvo.
El diputado reconoció que existe una percepción social extendida de que muchos puestos se asignan por vínculos personales y no por méritos. Frente a ello, subrayó la necesidad de actuar más allá del discurso. “No basta con cerrar el paso al nepotismo en las boletas; hay que impedirlo también en las oficinas, en las áreas operativas y en cada espacio donde se toman decisiones”, advirtió.
La iniciativa delimita con precisión qué conductas serán consideradas nepotismo: incluye vínculos de parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado, afinidad hasta segundo, así como relaciones de matrimonio, concubinato o de hecho, siempre que exista subordinación o influencia en el proceso de contratación. También contempla prácticas como el intercambio de favores, acuerdos entre funcionarios y el uso de contratos temporales para encubrir designaciones.
El legislador destacó que su propuesta se enmarca en una línea política más amplia. “Responde a una visión clara encabezada por la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sido firme: no al nepotismo. Ese principio debe traducirse en reglas y sanciones concretas”, afirmó.
Finalmente, insistió en que el objetivo no es limitar derechos, sino garantizar igualdad de condiciones. “Quien tenga capacidad y preparación debe poder competir en igualdad, pero sin ventajas otorgadas desde el poder”, señaló. Y concluyó con un mensaje directo: “En el servicio público no deben pesar los apellidos, sino las aptitudes”.