Por Jaime Arizmendi
Coneme / Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para elevar la responsabilidad ambiental a rango constitucional y convertirla en eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta plantea que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de manera obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, frente a la crisis climática, la degradación de ecosistemas y los altos costos económicos asociados al deterioro ambiental.
De acuerdo con el proyecto, el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras, por lo que resulta necesario establecer en la Constitución que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Las y los legisladores del PVEM destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, consideran indispensable vincular de forma directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en mandato constitucional que oriente las decisiones de desarrollo.
Advirtieron que desde hace más de cinco décadas la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico vigente, por lo que subrayaron la urgencia de transitar hacia un nuevo paradigma donde el crecimiento no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, señalaron que pese a acuerdos multilaterales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga —indicaron— a fortalecer los marcos jurídicos nacionales en materia ambiental.