Por Carlos Mauricio Hernández
Coneme / La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el informe inicial de las investigaciones sobre el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el kilómetro Z230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca, dentro del Corredor Interoceánico, y concluyó que el siniestro fue provocado por un exceso de velocidad del tren, de acuerdo con los registros de la caja negra de la locomotora.
Al iniciar el mensaje, la FGR expresó su solidaridad con las víctimas y las familias de las personas fallecidas, y aseguró que se trabaja con todas las capacidades institucionales para garantizar justicia y la reparación integral del daño.
Desde el primer día, personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional inició la carpeta de investigación y se trasladó al lugar de los hechos para apoyar a la Fiscalía Federal en Oaxaca, con el acompañamiento de peritos y policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como equipos interdisciplinarios provenientes de la Ciudad de México.
Entre las diligencias realizadas se encuentran inspecciones a la vía férrea en un tramo de cinco kilómetros antes y después del punto de descarrilamiento; inspecciones al tren, integrado por dos locomotoras —una activa y otra inactiva— y cuatro coches acoplados; recolección de indicios con cadena de custodia; verificación del sistema de acoplamiento; levantamiento topográfico del sitio y la localización, extracción y análisis de la Caja Registradora de Eventos, conocida como caja negra.
Para este informe inicial también se recopiló y analizó la documentación normativa y técnica relativa a la operación ferroviaria, con la participación de peritos en criminalística de campo, topografía, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, telecomunicaciones, electrónica, ingeniería mecánica y eléctrica, así como especialistas en aeronáutica para la lectura e interpretación de la caja negra.
De acuerdo con el Horario Ferroviario Vigente, documento que regula la operación de trenes, la velocidad máxima autorizada en el tramo del siniestro era de 50 kilómetros por hora para trenes de pasajeros. No obstante, los registros de la caja negra revelaron que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora al momento del descarrilamiento, y que en tramos previos alcanzó velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en zonas donde el límite era de 70.
Las inspecciones posteriores al siniestro descartaron fallas en la infraestructura ferroviaria —rieles, fijaciones, durmientes, balasto, subbalasto y terraplenes— distintas a las causadas directamente por el accidente, así como defectos mecánicos en el tren, incluyendo ruedas, zapatas y sistemas de acople. La FGR señaló que el funcionamiento del tren era adecuado y que el sistema de frenado operaba correctamente.
El análisis pericial permitió establecer que, tras realizar frenados previos, el maquinista incrementó de manera súbita la velocidad antes de ingresar a una serie de curvas, hasta alcanzar 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento. La Fiscalía explicó que, debido al peso, la masa y el radio de curvatura, el exceso de velocidad en un tren incrementa la fuerza centrífuga, provocando la salida de las vías y el vuelco.
Con base en estos elementos, la FGR determinó que no se cumplieron las normas de operación ferroviaria y anunció que ejercerá acción penal por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Las investigaciones continúan para descartar otros posibles factores, mediante estudios de topografía, geometría de la vía, geotecnia, calidad de materiales e interacción rueda–riel.
La Fiscalía informó además que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Marina, a través de una Mesa Permanente de Atención a Víctimas, para integrar expedientes clínicos y garantizar la reparación integral del daño.
La FGR reiteró que mantendrá informada a la opinión pública, respetando en todo momento el debido proceso, y subrayó que el informe se rinde en el marco del derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.