Por Luis Rojas
Coneme / Con el objetivo de promover la justicia social, la equidad y la inclusión, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para que la Ley General de Desarrollo Social incorpore de manera explícita la atención integral a personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, desplazamiento y movilidad humana.
La propuesta plantea que dicha atención se garantice mediante programas, políticas públicas y asignaciones presupuestales que permitan brindar servicios y oportunidades laborales, educativas, de salud y vivienda, sin distinción por nacionalidad, estatus migratorio o condición de refugio, con el fin de asegurar condiciones de vida dignas para todas las personas que se encuentren en territorio mexicano.
Corona Nakamura señaló que, si bien en México se reconocen derechos sociales y humanos como la libertad de tránsito, la no discriminación, la protección de la unidad familiar y el acceso a la justicia, la salud y la educación, en la práctica diversos sectores sociales continúan enfrentando exclusión, marginación y discriminación estructural, por lo que requieren atención prioritaria e inversión gubernamental para alcanzar su bienestar.
Subrayó que entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas migrantes en tránsito irregular por el país, así como quienes retornan desde Estados Unidos, destacando que niñas, niños y adolescentes no acompañados enfrentan un nivel aún mayor de riesgo y desprotección.
La legisladora lamentó que estas poblaciones compartan problemáticas como violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades de distintos niveles de gobierno, violencia ejercida por grupos criminales, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y justicia, así como condiciones laborales desiguales, incluyendo salarios menores por realizar el mismo trabajo que personas no migrantes.
En este contexto, insistió en que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad debe tener garantizado el derecho a recibir acciones y apoyos que contribuyan a disminuir su desventaja social. Enfatizó que su iniciativa busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a quienes enfrentan exclusión, discriminación, desplazamiento o movilidad, evitando que sean objeto de discriminación una vez que se encuentran en suelo mexicano.
Finalmente, detalló que los municipios, las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal deberán formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como generar oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de personas, familias, grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.