Por Monserrat Hernández

Coneme / La diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña, informó que tuvo a su cargo la fundamentación de diversos dictámenes vinculados al proceso de armonización legislativa derivado de los artículos transitorios del decreto que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La legisladora explicó que la transformación del entonces Distrito Federal en la Ciudad de México, concretada con la reforma constitucional de 2016 y consolidada con la expedición de la Constitución local en 2017, significó una modificación profunda del andamiaje jurídico e institucional del país. Subrayó que este cambio no fue meramente nominal, sino que implicó el reconocimiento pleno de la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía política, legislativa y constitucional.

Saldaña destacó que, a partir de esta reforma, la Ciudad de México dejó de depender del Poder Ejecutivo Federal para contar con una Constitución propia, un Congreso local y Alcaldías. En ese sentido, recordó que tanto el decreto de reforma política de la capital como el decreto de expedición de la Constitución capitalina establecen disposiciones transitorias que obligan a que todas las referencias al Distrito Federal en los ordenamientos jurídicos se entiendan hechas a la Ciudad de México.

Asimismo, señaló que los dictámenes puestos a consideración del Pleno representan un paso indispensable y responsable dentro del proceso de armonización del marco jurídico local. Aclaró que no se trata de simples ajustes técnicos, sino de una acción necesaria para dar cumplimiento a un mandato constitucional expreso y garantizar la congruencia normativa.

Miriam Saldaña recordó que el artículo trigésimo noveno transitorio de la Constitución de la Ciudad de México estableció como fecha límite el 31 de agosto de 2024 para la adecuación total del marco jurídico local, plazo que fue ampliamente rebasado por más de un año. Por ello, afirmó que la aprobación de estos dictámenes responde a un ejercicio de responsabilidad institucional que fortalece la certeza jurídica y reafirma el respeto al orden constitucional vigente.

Finalmente, Miriam Saldaña puntualizó que las reformas propuestas son de carácter estrictamente técnico y no representan impacto presupuestal alguno, ya que no contemplan la creación de nuevas estructuras, ni modificaciones a programas, personal o esquemas de contratación.