Por Ximena Bernal
*Ana Buendía García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa contra los vacíos legales y crea responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales a personal de hospitales que se nieguen a cumplir con la ley.
Coneme / Con el fin de terminar con lagunas legales en la Ley de Salud de la Ciudad de México, concretamente en el artículo 82, la diputada Ana Buendía García, presentó una iniciativa para proteger y garantizar la objeción de conciencia con el fin de evitar que ésta se constituya como una barrera institucional para negar o retrasar el acceso a un servicio de salud legal y esencial.
En su exposición en tribuna, indicó que establece una obligación para las instituciones de salud, públicas y privadas, que deberán garantizar permanentemente la disponibilidad de personal no objetor, porque el Estado no puede ser un objetor de conciencia; Prohíbe la objeción institucional y colectiva al ser un derecho estrictamente individual, por lo que impediremos que hospitales o departamentos enteros se nieguen a cumplir con la ley.
“Establece consecuencias claras: Crearemos responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para toda persona o institución que utilice la objeción de conciencia para obstruir o negar un servicio de salud. La impunidad dejará de ser una opción”, dijo al destacar que refuerza la protección a la vida “ante una urgencia, cuando la salud o la vida de una mujer o persona gestante esté en riesgo, la objeción de conciencia no es, ni será nunca, una opción”.
La también presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, destacó que no es un problema hipotético, porque afecta a personas reales, principalmente a mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años, a estudiantes, a trabajadoras informales y a personas de bajos ingresos; las más vulnerables de la sociedad.
“Cuando un hospital o una clínica se niega colectivamente a prestar un servicio, son estas mujeres las que quedan a la deriva, enfrentando riesgos que la Organización Mundial de la Salud ha advertido con claridad, riesgos que pueden llevar a abortos inseguros e, incluso, a la muerte materna”.
Ana Buendía destacó que su reforma se basa en el exhorto de la Suprema Corte de Justicia al Congreso de la Unión para legislar correctamente, ante los obstáculos generados por las modificaciones a la Ley General de Salud, específicamente del artículo 10, mismas que el máximo tribunal invalidó por considerar que “la regulación federal de la objeción de conciencia carecía de parámetros claros que impidieran que su ejercicio se tradujera en una restricción indebida al derecho a la salud”.
La iniciativa, a la que se suscribió la diputada de Morena Cecilia Vadillo, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México.