Por Crispín Barrera Ponce
– Todas y todos tienen derecho a la salud y, por tanto, a vacunarse como cualquier otra persona contra la pandemia
– Advierte que en especial personas migrantes y presas corren peligro por el hacinamiento e insalubridad en las que se les confina
Coneme / La Coordinadora del GPRPD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, defendió el derecho de personas migrantes, en situación de calle y privadas de su libertad a ser vacunadas contra el Covid19 ante el ninguneo del que son objeto por parte de autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno.
Denunció que esas personas son prácticamente invisibilizadas por el sector público y que, ante la omisión de las propias autoridades a informarles sobre sus derechos -entre ellos, el de la salud-, permanecen prácticamente ignoradas en cuanto a medidas de prevención, atención y curación ante la pandemia.
En vez de informarles y prevenirles, o, en su caso, en lugar de tomar las medidas pertinentes para evitar que enfermen por contagio del coronavirus Sars Cov2, incluso se les mantiene en condiciones deplorables que potencian el peligro en que ya están.
Es el caso de los migrantes de diversas nacionalidades en tránsito por territorio nacional hacia Estados Unidos que, cuando son detenidos por autoridades mexicanas, son hacinados en instalaciones insalubres y deplorables que ni siquiera tienen agua corriente, menos alimentación o cumplimiento de mínimos estándares internacionales.
La líder perredista señaló que algo parecido sucede con las personas privadas de su libertad o bajo custodia de autoridades en cárceles federales o estatales -muchos de ellos inocentes-, quienes igualmente viven en situación de grave hacinamiento.
Respecto a las personas en situación de calle -cuyo número habría aumentado considerablemente a causa de la pandemia y la crisis económica en varias zonas del país-, apuntó que existe la misma actitud de ignorarlas, como si el hecho de que no tuvieran un domicilio fijo implicara que no existen.
La legisladora federal por Jalisco reconoció avances en el proceso de inmunización de personas mayores de 60 y 50 años, así como entre el personal docente y sanitario, pero lamentó que también se haya marginado a quienes prestan sus servicios fuera del sector público y que, desgraciadamente se encuentran expuestos al contagio.
Juárez Piña aclaró que “todas estas personas tienen tanto derecho a vacunarse como cualquier otra y, sin embargo, prácticamente ninguna autoridad estatal o federal ha señalado cómo será el proceso por el cual se les vacunará” y que la sociedad, a su vez, “hace caso omiso de las responsabilidades del Estado Mexicano, primordialmente por prejuicios”.
Pidió al Congreso de la Unión no incurrir en lo mismo y que a la brevedad solicite a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatales informar sus avances, si lo hay, en cuanto al proceso de vacunación hacia esta población o, en su caso, para que informen cómo será la atención hacia ellas para hacerles efectivo el derecho a la vacuna y la salud.