Por Elizabeth Rodríguez
*Abogará por igualdad de oportunidades e inclusión para el pleno ejercicio de sus derechos
Coneme / A fin de ajustar nuestra legislación a las obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el senador Ricardo Monreal alista una iniciativa para incorporar criterios de accesibilidad aplicables a la implementación pública.
De modo, explicó, que las instituciones públicas estén obligadas a utilizar o contratar productos o servicios que cumplan con funcionalidades mínimas de accesibilidad para este sector de la sociedad.
Al participar en el foro «Digitalización: Herramienta para Romper con el Mundo Hecho para unos Cuantos», Monreal Ávila, reconoció que pese a que hay avances en el ámbito legislativo, en materia digital la brecha se ha agudizado por políticas públicas desarticuladas y legislaciones obsoletas.
En este sentido, se pronunció por crear un nuevo modelo de gobernanza que asegure un estado de bienestar digital con perspectiva de discapacidad.
Afirmó que este nuevo modelo debe ir más allá del despliegue de infraestructura y que esté encaminado a encabezar la igualdad de este sector de la población.
“Que abogue en la igualdad de oportunidades y abogue por la inclusión y asegure el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad”, señaló.
Por eso no debemos estancarnos, dijo Monreal, en lo que se llama el derecho humanismo de fachada que está lleno de buenas intenciones, muchas palabras, pero de pocas acciones.
En este sentido, Monreal Ávila consideró que es primordial que se destinen los recursos económicos, técnicos y normativos correspondientes para avanzar en este tema por lo que adelantó que los senadores hablarán con los diputados para plantearles que se destine más presupuesto para estas acciones.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política precisó que además de los recursos también es indispensable que se hable de promover la confianza y la seguridad digital lo que pasa, mencionó, por crear políticas de ciberseguridad que aborden los riesgos de grupos en desventaja digital como es el caso de las personas con discapacidad.