Por Carlos Mauricio Hernández
*Al celebrar la Primera sesión ordinaria 2022 de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Fiscales, coinciden sobre la importancia de crear una red de unidades para la atención de víctimas y testigos para garantizar medidas de protección al estar relacionadas con una averiguación previa o una carpeta de investigación sobre delitos de alto impacto
Coneme / La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, pronunció un mensaje a medios relacionado con la reunión sostenida de titulares de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de la Ciudad de México y de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, en la que abordamos diferentes temas, y alcanzaron diversos acuerdos a fin de fortalecer la coordinación y colaboración de las instituciones, y obtener mayores capacidades para la investigación y persecución de los delitos.
Toda vez que mis pares tuvieron a bien designarme como Representante de la Zona Centro de la Conferencia, daré cuenta aquí de los temas y acuerdos que alcanzamos hoy en nuestra sesión.
En primer lugar, las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) tomamos conocimiento del avance que tiene el desarrollo e implementación de diversos registros y sistemas aprobados por el Pleno de nuestro órgano colegiado, como son:
*El Registro Nacional del Delito de Tortura,
*El Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia,
*La Base Nacional de Información Genética,
* Registro Nacional de Extinción de Dominio, y
*El Registro Criminal de Armas de Fuego.
Al respecto, nos comprometimos a seguir colaborando y a remitir la información necesaria para su consolidación.
Por otra parte, informo que propuse a las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la creación de una Plataforma digital que sea alimentada, consultada y compartida entre las fiscalías y procuradurías generales de justicia, para registrar incidentes cibernéticos de la conducta conocida como Grooming, y que contribuya a su detección y prevención.
Para concretar esta iniciativa, instruimos al Grupo Nacional de Analistas de Información que analice la viabilidad de generar un sistema que permita registrar información sobre los perfiles de personas presuntamente acosadoras, perfiles falsos y cuentas relacionadas a ellos, nombres, apodos, chats, formas de enganche, el modo de operar, vínculos con la delincuencia organizada, y otros elementos que coadyuven en la investigación de esta conducta.
Asimismo, nos comprometimos a fortalecer la vinculación y colaboración en las diversas plataformas de internet y redes sociales, para fomentar la denuncia, prevenir, investigar y perseguir los delitos que se cometen por medios digitales.
En relación con este tema, el Gerente de Confianza y Seguridad de la plataforma de redes sociales Meta nos presentó los mecanismos y procedimientos existentes para que las fiscalías podamos solicitar información útil para la investigación y persecución de los delitos.
Por ello, nos comprometimos a designar enlaces para la coordinación con Meta, con la finalidad de agilizar las solicitudes de información y para desarrollar e implementar capacitaciones dirigidas a las personas agentes del Ministerio Público de cada institución, para que conozcan los procedimientos, requisitos, así como los mecanismos para solicitar y obtener información útil y oportuna para las investigaciones y la persecución de los delitos.
En otro tema, los integrantes de la Zona Centro, coincidimos sobre la importancia de crear una red de unidades para la atención de víctimas y testigos, con la finalidad de brindarnos asistencia mutua para garantizar las medidas de protección a las víctimas o testigos que estén relacionadas con una averiguación previa o una carpeta de investigación sobre delitos de alto impacto, como homicidio, feminicidio, trata de personas, corrupción, secuestro y delitos de enriquecimiento ilícito, así como para localizar y notificar oportunamente a las víctimas y testigos, lo que permitirá facilitar su comparecencia a los juicios.
La Secretaría Técnica de la Conferencia someterá esta propuesta a la consideración de las demás fiscalías y procuradurías generales de justicia, a efecto de que esta iniciativa tenga un impacto a nivel nacional.
Destaco también que las personas integrantes de la Zona Centro coincidimos sobre la importancia de establecer los requisitos homologados que deberán contener los oficios de colaboración para el cumplimiento y ejecución de mandamientos judiciales, ministeriales, ordenes de aprehensión y reaprehensión, en el marco del Convenio de Colaboración celebrado entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR); la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012).
Por lo anterior, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que informe de esta propuesta a las fiscalías y procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y someta a su consideración y aprobación los requisitos que deberán cumplir los oficios de colaboración.
En materia legislativa, el Procurador del estado de Hidalgo propuso a las personas titulares de las fiscalías y procuradurías de la Zona Centro un proyecto de reforma para la adición de una tercera fracción en el artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que se haga la excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores cuando la o el perito de una institución pública, deje de prestar sus servicios en la misma y no nos sea posible su localización o comparecencia en el juicio.
Habiendo alcanzado consenso sobre la importancia de esta reforma, instruimos a la Secretaría Técnica que remita la propuesta a las instituciones de procuración de justicia que integran el Pleno de la Conferencia, a fin de que emitan sus comentarios y/o aportaciones, así como datos estadísticos y casos prácticos para impulsar y sustentar la iniciativa.
Asimismo, les informo que a propuesta del Fiscal General del Estado de Puebla acordamos reactivar el Grupo de Interlocución ante la Suprema Corte de la Nación y el Congreso de la Unión con la Conferencia para que analice y estudie la constitucionalidad de la facultad de los congresos locales para legislar en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y para que formule en breve una estrategia jurídico constitucional para su defensa.
Por otra parte, quiero destacar que conversamos con el titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la FGR, así como con el Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes expusieron información relevante para comprender el impacto de la importación ilegal de armas de fuego a nuestro país y la importancia de frenar este flujo por la vía legal.
Derivado de este diálogo, los integrantes de la Zona Centro nos pronunciamos a favor de la causa que el Estado mexicano promueve ante los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de los fabricantes de armamento que de manera ilegal ingresa a México.
Además, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia para que elabore una propuesta de pronunciamiento en coordinación con el área jurídica de la Cancillería y sea presentado a las personas titulares de todas las instituciones de procuración de justicia que integran la Conferencia para que emitan las observaciones y comentarios que consideren pertinentes a fin de generar una versión final que pueda someterse a la aprobación del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para su publicación.
En relación con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia acordamos entregar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía las versiones definitivas de los cuestionarios a más tardar el 15 de julio de este año, para su publicación en octubre de 2022.
Asimismo, tomamos conocimiento del estatus que guarda el Certificado Único Policial para los elementos de las instituciones de procuración de justicia de esta Zona, así como de los tiempos para el cumplimiento de esta disposición.
El Secretariado Ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos informó sobre la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2022) en las entidades federativas integrantes de la Zona para el ejercicio 2022
Finalmente, el Titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro nos refrendó su apoyo y nos comprometimos a fortalecer la colaboración interinstitucional para la persecución e investigación de estos delitos.