Por Lura Brugés
- Se sancionará a los funcionarios que realicen dicha acción durante los 12 meses previos al inicio de la veda electoral en las entidades donde haya elecciones
Coneme / Con el pretexto de ayudar a la población en aquellas entidades donde se llevarán a cabo elecciones, se crean programas al vapor que sirven como nuevos medios de compra y coacción del voto, alertó la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.
En ese sentido, la legisladora consideró que la entrega de programas sociales se desvirtúa, y las luchas de las infancias o las mujeres se pervierten, “puesto que no pretenden encontrar una solución real o permanente a las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la población.
Por ello, Vázquez Alatorre presentó una iniciativa para prohibir la creación de nuevos programas sociales durante los 12 meses previos al inicio de la veda electoral correspondiente a las entidades en donde haya proceso electoral, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal.
El proyecto de iniciativa, el cual fue turnado las comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, detalla que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años de cárcel al servidor público que incurra en la acción mencionada.
En esa misa ruta, Vázquez Alatorre propone adicionar el artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, que prohíbe la participación de servidores públicos o integrantes del Poder Legislativo participar en la entrega de los programas sociales.
“Las personas servidoras públicas que ostenten cargos como gubernaturas, secretarías, subsecretarías o pertenezcan a los poderes legislativos del Congreso de la Unión o los Congresos locales, no podrán participar de forma directa en la entrega de beneficios vinculados a programas sociales durante los 12 meses previos al inicio de la jornada electoral que corresponda”.
La iniciativa que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y adiciona el 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, busca brindar legitimidad a los procesos electorales.