Por Crispín Barrera Ponce
-La propuesta aprobada es un Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad, presentada por la Senadora Patricia Mercado, en octubre de 2019.
Coneme / En sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el Senado de la República, se aprobó de manera unánime un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que establece que empresas otorguen, por lo menos, el 5% de sus plazas a personas con discapacidad.
La propuesta fue presentada por la Senadora Patricia Mercado, a nombre de Movimiento Ciudadano, en octubre de 2019, por considerar que las personas con discapacidad ha sido un segmento ignorado en las leyes y políticas públicas, además de reconocer que difícilmente logran que se les contrate para un empleo.
La legisladora agradeció al presidente de la Comisión por la elaboración del dictamen que retoma tres iniciativas: la del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la de la Senadora Mercado Castro y una del Congreso de Oaxaca. “Con esta reforma, empezaremos a remover los obstáculos y reducir las brechas de participación laboral de las personas con discapacidad (PcD). Estamos dando un gran paso para cumplir con las obligaciones en derechos humanos de México. Contemplar un trabajo para PcD con capacitación, salario remunerador, condiciones accesibles, seguras y saludables sigue las líneas de las definiciones de la OIT sobre trabajo digno y decente, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, manifestó la legisladora.
Refirió que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 11, establece únicamente la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de promover el empleo de personas con discapacidad, sin que se consideren otras medidas integrales para su cumplimiento.
Patricia Mercado explicó que de esta manera se puede terminar con el sesgo de asistencialismo para transitar hacia una inclusión plena. “La cuestión primordial es construir condiciones que permitan a las PcD ejercer su autonomía y actuar integralmente las áreas de trabajo, educación y cultura, pero también otras como vivienda o movilidad. Tenemos que seguir avanzando con un enfoque diferenciado para la protección de la salud y para el ejercicio de derechos de las PcD”, indicó.
Elvis Yeser Madariaga, de la Red Nacional de Ciegos, manifestó que la aprobación de este dictamen es un paso en la ruta para visibilizar a más de 20 millones de personas con discapacidad. Señaló que la inclusión no termina con el tema laboral pues hay que garantizar otros espacios, como los educativos, los de salud, político electorales; sin embargo, reconoció que este primer paso garantizará que personas con alguna discapacidad puedan acceder al mercado laboral y calificó la aprobación de este dictamen como algo histórico. Así mismo exhortó a la Cámara de Diputados a convocar a foros interparlamentarios de discusión, para enriquecer la iniciativa.
“No somos enfermos, tenemos una condición”, expresó en su oportunidad en la voz, Olga Guerrero, presidenta de la Unión Nacional de Ciegos y Baja Visión; dijo que las PcD podrán cotizar para una vivienda y dar seguridad social a sus hijos, así como tener una pensión que les permita una vejez digna y acceder a los servicios de salud, por lo que llamó la atención sobre los casos de personas con discapacidad que murieron a causa del Covid-19 por falta de un ingreso. “Esta iniciativa reivindica a las personas con discapacidad, nos da una esperanza a quienes estamos en edad productiva y da una oportunidad a quienes tienen la capacidad de tener éxito laboral”, reconoció.
Finalmente la senadora Mercado reconoció a la Comisión por su compromiso. “Me disculpo por lo que no se ha hecho, si no hay una acción afirmativa que obligue, no hay manera de que haya inclusión; es obligación del Estado garantizar que haya un piso común de derechos en términos de igualdad y eso hacemos en el Senado de la República”, concluyó.