Por Daniel Gómez Trejo
*Alerta que sólo en seis años el mercado ilícito de este producto se incrementó
Coneme / Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fortalezca los operativos y las acciones de vigilancia sanitaria para impedir la distribución y comercialización de cigarros ilegales.
Consideraron que estas medidas deben abarcar tanto los establecimientos comerciales y mercados como los puntos de venta del comercio informal, además de las plataformas digitales y los sitios web.
Asimismo, convocaron a que la Cofepris, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, robustezca las acciones de educación y prevención del consumo dirigidas a adolescentes y jóvenes, con el propósito de reducir su exposición a estos productos y proteger la salud pública.
Toda vez que, señalaron, en seis años el mercado ilícito se duplicó, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en 2017, de cada 100 cigarros que se fumaban en el país, cerca de nueve eran ilegales; mientras que en 2023 esa cifra se incrementó a 18 cigarrillos por cada 100 de los que se consumían.
Afirmaron que la magnitud del problema se puede observar en los decomisos realizados, ya que sólo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que va de 2026, la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) han asegurado más de 130 millones de cigarros ilegales.
Por lo anterior, los legisladores del PT piden que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la ANAM y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fortalezcan las acciones de inspección y el control de productos de importación parar evitar la entrada a territorio nacional de dichos productos.
Además, solicitaron verificar los códigos de seguridad de las cajetillas e informar periódicamente de las estadísticas consolidadas sobre los aseguramientos, con el propósito de combatir el contrabando y la evasión fiscal asociados a este mercado.
De igual forma, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que fortalezca las investigaciones contra las redes dedicadas a la fabricación clandestina, falsificación, introducción y distribución ilegal de productos del tabaco, así como los delitos conexos, con el propósito de desarticular las estructuras criminales que sostienen su venta.
Los legisladores señalaron que el Colegio de México documentó la participación de grupos delictivos en la importación, fabricación y distribución de cigarros ilegales e, incluso, “amenazas” a tiendas de barrio para imponerles marcas, “por lo que las ganancias se quedan en las redes criminales y las consecuencias en la sociedad”.
En el punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Salud, afirmaron que, en mayo de 2026, la Cofepris advirtió que diversas marcas entran al país sin permiso sanitario, y pueden estar falsificadas o adulteradas, además de que se elaboran con ingredientes desconocidos y su combustión podría liberar químicos tóxicos.
Señalaron que “el mercado ilegal de cigarros es la expresión más cruda de un modelo que pone la ganancia por encima de la vida: lucra con la adicción, evade impuestos y deja los costos en los barrios y en las familias trabajadoras”.
El punto de acuerdo fue suscrito por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves.