Por Monserrat Hernández
*Se acordó que las reservas se enviaran al Pleno
*El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa
Coneme / La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), aprobó con la mayoría de 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto de dictamen a la minuta por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
Godoy Rangel comunicó que previamente, en la reunión de la junta directiva y por votación mayoritaria, se acordó que las reservas se enviaran al Pleno. Además, con fundamento en el artículo 84 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados el dictamen se remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
La Comisión concluye que se establece un límite constitucional a las jubilaciones y pensiones máximas que se otorgan con recursos públicos a personas exservidoras públicas, particularmente en el sector paraestatal, en los tres órdenes de gobierno, lo que es una medida urgente y necesaria que permitirá ordenar el sistema de jubilaciones y pensiones, acotar privilegios desproporcionados y promover la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales.
Subraya que la minuta constituye una actualización constitucional necesaria y razonable que fortalece el uso y administración de los recursos de la nación con base en los mandatos constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Se acotan privilegios desproporcionados y se fortalecen las finanzas del Estado mexicano. Representa un paso firme para cumplir con los principios fundamentales de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera, destaca.
Se implementa el lenguaje inclusivo para utilizar la expresión “persona titular del Ejecutivo Federal” en lugar de “presidente de la República” y sustituye “ningún servidor público” por “ninguna persona servidora pública”.
Establece que en cualquier caso las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Detalla que las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido en el párrafo que antecede.
Menciona que quedan excluidas de lo previsto en el segundo párrafo de esta fracción las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los Sistemas de Ahorro para el Retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindícales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4º de la Constitución.
En el régimen transitorio se señala que a partir de la entrada en vigor del presente decreto todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la fracción IV del artículo 127 constitucional, y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, deberán ajustarse al límite establecido en el párrafo segundo de dicha fracción, incluyendo las que se encuentren vigentes.
Los entes públicos a que se refiere el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 127, con las excepciones previstas en dicha fracción, deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones, las condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a lo previsto en el presente decreto.
De igual modo, los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos.
Asimismo, las aportaciones que realice el Estado a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones o jubilaciones de las personas servidoras públicas de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se sujetarán al límite previsto en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 127 de la Constitución.
En un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable, a fin de hacerlo congruente con lo dispuesto en el presente decreto.
Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gastos que intervienen en su aplicación, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos a dichos ejecutores de gasto en el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes y tampoco podrán incrementar su presupuesto regularizable en servicios personales ni de gasto de operación, puntualiza.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) externó que se armoniza el lenguaje paritario e incluyente para la persona titular del Poder Ejecutivo o de las personas servidoras públicas, y hace ajuste sobre las pensiones y las jubilaciones del personal de confianza, no así del personal de base como “falsamente están declarando” y es para las paraestatales de los tres órdenes de gobierno donde se establece que no se puede exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. “No hay retroactividad. El haber de retiro se va a conservar”.
Del PAN, el diputado Federico Döring Casar argumentó que van a acompañar la parte de la propuesta que combate excesos, no se va a defender a quienes, sin una vida de servicio, con solo un sexenio de oportunidad política y por una decisión de un comité de administración, tienen una remuneración que ofende la inteligencia y el servicio de quienes tienen más de 30 años; por ello, van a presentar una reserva del artículo segundo transitorio.
Para la diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) la iniciativa responde a una exigencia legítima del pueblo de México: poner fin a los excesos que durante años se permitieron en el servicio público. Esta reforma tiene un sentido social, no está dirigida contra las y los trabajadores de México, no va en contra de quienes han construido su retiro con años de esfuerzo, disciplina y servicio; va contra los privilegios ofensivos de una minoría que durante mucho tiempo vivió al amparo de esquemas desproporcionados y alejados de la realidad.
Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, mencionó que se presentará a nombre de la 4T para hacer la excepción de todos aquellos que de manera legal están jubilados y que no se aplique retroactividad en estos casos. “Nuestro voto será a favor del dictamen, pero sí es importante que en el debate de lo particular podamos ver el tema de la retroactividad y la salvedad a los compañeros y las compañeras que están hoy presentes”.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) subrayó que la reforma entra en tensión directa con el principio de no retroactividad de la ley, progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, y es cuestionable que no se distinga entre casos irregulares y los plenamente justificados. La reforma es de cálculo político, no tiene uno administrativo, es una reforma recaudatoria, clasista, porque no permanecen los beneficios para todos, solo para algunos. “El cálculo de esta reforma debe haber sido más estudiado, mejor pensado”.
A su vez, la diputada Laura Hernández García (MC) se manifestó por no poner en riesgo los derechos ya ganados de las trabajadoras y de los trabajadores, sin mantener ningún privilegio, ya que si bien propone limitar los montos de unas pensiones superiores a los que podría recibir quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal, propone que las Fuerzas Armadas van a tener la excepción y cuál es el motivo de este criterio. “Se deben evitar abusos, apelando al respeto a los derechos ya ganados, a través de una larga lucha histórica”.
El presidente de la Comisión de la Seguridad Social, diputado Arturo Olivares Cerda (Morena) comentó que si bien es cierto hay retiros laborales millonarios, también hay trabajadoras y trabajadores del IMSS que aspiran a ocupar puestos de confianza mediante su preparación y cumplimiento de la normativa, a fin de tener una jubilación que les permita una vida plena y saludable en su vejez, por lo que con esta medida se afecta al sector médico y personas afines al área de salud.
Intervención de representantes de personas jubilados de CFE y Pemex
En representación de las y los jubiladas de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rosa Galaz Dávila consideró que aplicar esta reforma exclusivamente a las y los jubilados de confianza de entidades públicas rompe el principio de igualdad y vulnera los derechos de la persona adulta mayor, quienes dedicaron su vida al sector energético; por ello, apeló a la sensibilidad del Poder Legislativo.
Rosa María Rodríguez Luna, representante de las y los jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), pidió que se analice esta reforma, toda vez que en este sector hay personas de la tercera edad que tienen muchas necesidades. “Consideren la retroactividad en las personas que hemos cumplido con las condiciones contractuales”.
A nombre de las y los jubilados de Nacional Financiera, Lázaro Jiménez García solicitó a las diputadas y los diputados reflexionar que no todos tienen pensiones onerosas y que estas acciones pueden afectar a mil 450 familias en el caso de esa institución, por lo que pidió la retroactividad.
En su turno, el también representante de las y los trabajadores de Pemex, Adán Oviedo Pérez, enfatizó que no debe haber retroactividad, ya que es una medida confiscatoria del patrimonio y afecta la trayectoria y condición de vida. Indicó que si se suman los cinco mil millones de pesos al año que pretenden ahorrar con el monto y otros asuntos como la cancelación del aeropuerto o el huachicol fiscal, representaría el pago de 400 años de las pensiones.
De la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Pemex, Silvia Ramos opinó que esta propuesta vulnera y afecta la seguridad jurídica; por ello, aclaró que las pensiones de los integrantes de esa agrupación no son producto de la corrupción o discrecionalidad sino resultado del trabajo calificado. Ante ello, solicitó incluir un artículo transitorio para garantizar sus derechos laborales.
Por otra parte, la Comisión avaló con 24 votos a favor su tercer informe semestral de actividades correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.
En asuntos generales, se dio cuenta de la actualización del estado de los asuntos a cargo de la Comisión.