Por Claudia Rojas

Coneme / “La omisión también es corrupción”. Con esa frase, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena exigieron que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, asuma su responsabilidad tras el derrumbe ocurrido en la demarcación, donde tres trabajadores perdieron la vida durante trabajos de demolición.

En conferencia de prensa, legisladores señalaron que la autoridad de la Alcaldía Cuauhtémoc tenía conocimiento formal de las obras desde octubre de 2025, es decir, cinco meses antes del colapso. A pesar de ello, acusaron, no se realizaron acciones de supervisión ni verificación que permitieran prevenir riesgos.

La documentación presentada indica que, aunque la Comisión para la Reconstrucción otorgó facilidades administrativas para los trabajos, esto no eximía a la alcaldía de su obligación legal de vigilar las condiciones de seguridad de la demolición.

Al respecto, la coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo Espinosa, sostuvo que el caso debe esclarecerse con base en los procedimientos administrativos y jurídicos correspondientes, ante la demanda ciudadana de conocer qué ocurrió.

“En el Grupo Parlamentario de Morena estaremos iniciando una serie de acciones, porque la gente necesita saber la verdad y conocer la realidad de lo que pasó. No podemos permitir que este tema se resuelva únicamente en redes sociales sin elementos jurídicos ni conocimiento de los procedimientos administrativos”, afirmó.

La legisladora recordó que tanto la Constitución capitalina como la Ley Orgánica de Alcaldías establecen que las demarcaciones territoriales son responsables de supervisar las obras y demoliciones que se realizan en su territorio, así como de verificar que se cumplan las medidas de seguridad correspondientes.

“La responsabilidad de darle seguimiento es de la Alcaldía Cuauhtémoc. Así de sencillo. Que se asuma la responsabilidad”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Paulo García advirtió que la tragedia evidencia una falla grave en la vigilancia institucional.

“La responsabilidad de verificar era de la Alcaldía. Durante meses nadie acudió a revisar qué estaba pasando en ese predio. El desconocimiento o la omisión de la ley derivó en la pérdida de vidas humanas. Eso es delicadísimo y se llama negligencia”, declaró.

El legislador también recordó que funcionarios de la alcaldía participaron en una Mesa de Demoliciones realizada en octubre de 2025, en la que se informó sobre el inicio de los trabajos y se reiteraron las obligaciones de supervisión que correspondían a la autoridad territorial.

Además, existe un oficio fechado el 11 de noviembre de 2025 (CDMX/AC/DGODU/3227/2025), firmado por la Dirección de Obras de la alcaldía, en el que se confirma que la administración local ya tenía conocimiento de que los trabajos habían comenzado.

“Si sabían y no hicieron nada, estamos frente a una omisión grave”, señaló.

Los legisladores advirtieron que el derrumbe no debe tratarse como un incidente aislado, sino como un recordatorio de las consecuencias que puede tener la falta de vigilancia por parte de las autoridades.

“Cuando las autoridades dejan de supervisar y proteger, las consecuencias pueden ser fatales. La negligencia mata y frente a ello no puede haber impunidad”, afirmaron.

El Grupo Parlamentario de Morena expresó sus condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y reiteró su compromiso de impulsar acciones para garantizar justicia y reparación integral del daño.

La investigación será realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que deberá determinar las responsabilidades tanto de la empresa encargada de la demolición como de las autoridades que tenían la obligación de supervisar la obra.

“Todas las instancias que fallaron deberán rendir cuentas. Gobernar no es buscar culpables: es asumir responsabilidades”, concluyeron.