Por Roxana Eve
Coneme / Con el propósito de fortalecer la transparencia, la responsabilidad corporativa y la confianza ciudadana, así como asegurar que las empresas que operan en México adopten prácticas sustentables, contribuyan a la mitigación de impactos ambientales y cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, la senadora Juanita Guerra Mena propuso la creación de la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México explicó que este órgano especializado estaría incorporado a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y tendría como función principal supervisar a las empresas en materia ambiental, exigir informes periódicos, evaluar indicadores de cumplimiento, emitir recomendaciones sobre el uso de los recursos naturales, promover la implementación de prácticas sustentables y establecer sanciones en caso de incumplimiento.
Precisó que esta comisión operaría de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con el objetivo de fortalecer los esquemas de vigilancia y control ambiental en el país.
Guerra Mena subrayó que, aunque la LGEEPA constituye el marco normativo principal para la preservación y restauración del ambiente, en la práctica existe una falta de mecanismos efectivos de supervisión y de rendición de cuentas específicos para las empresas. Añadió que gran parte de las auditorías y evaluaciones ambientales dependen de inspecciones puntuales realizadas por la PROFEPA, las cuales resultan insuficientes frente a la magnitud de las actividades productivas.
Indicó que, de acuerdo con diversas investigaciones académicas, entre los años 2012 y 2017 se registraron 560 conflictos ambientales en México, de los cuales 173 estuvieron vinculados con actividades mineras, 86 con la gestión del agua y 49 con el desarrollo de megaproyectos turísticos.
Como ejemplo, mencionó el caso de la industria cervecera en Monterrey, encabezada por la empresa Heineken, donde para producir un litro de cerveza se requieren en promedio 3.6 litros de agua, situación que genera tensiones entre el uso industrial del recurso y el consumo humano.
Asimismo, recordó que en agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que se convirtió en el peor desastre ambiental minero en la historia del país, afectando a ocho municipios y a más de 22 mil habitantes, quienes vieron comprometido su acceso al agua potable, la viabilidad de la agricultura y la ganadería locales, así como su salud.
Detalló que, pese a que en México existen más de 26 mil concesiones mineras que cubren 30.6 millones de hectáreas, las autoridades realizan únicamente alrededor de 200 visitas de inspección al año, lo que representa menos del uno por ciento de supervisión efectiva, evidencia de que los marcos actuales son insuficientes para prevenir daños ambientales de gran escala.
Finalmente, la senadora insistió en la urgencia de contar con un marco de supervisión y rendición de cuentas ambientales más sólido, al advertir que las empresas pueden ejercer presiones desproporcionadas sobre bienes comunes como el agua, el suelo y el paisaje, generando impactos sociales y económicos que profundizan las desigualdades regionales.