Por Monserrat Hernández
*La asamblea aceptó modificaciones para proteger a personas campesinas ejidatarias, comuneras, así como usos y costumbres
Coneme / La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, que plantea, entre otros puntos, incrementar las penas para los delitos contra el medio ambiente y establecer nuevos tipos penales en esta materia.
En lo general, la asamblea emitió 97 a favor y una abstención; no obstante, se reservaron los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 Bis, 420, 420 Ter, 420 Quater y 421 del citado Código, por lo que, en lo particular, el dictamen tuvo 52 votos a favor y 48 abstenciones.
De esta manera, el dictamen que fue enviado, con cambios, a la Cámara de Diputados, establece que se incrementan las penas a quienes ilícitamente descarguen, depositen o infiltren aguas residuales o químicos contaminantes en suelos, subsuelos, aguas marinas o ríos, entre otros, que causen riesgo a recursos naturales, flora y fauna, sanciones que eran de uno a nueve años de prisión, pero aumentaron de dos a diez años de prisión.
También aumentan en esa proporción las penas por introducir al territorio nacional o traficar recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, y sus productos o derivados que porten, padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa que pueda diseminarse a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.
Además, se incrementan las penas a quienes desmonten, extraigan o destruyan cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable fuera de zonas urbanas, y a quienes realicen actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que esencialmente se propone incrementar las penas, no con el afán de implementar castigos más severos, sino para disuadir las conductas.
Dijo que “se ha considerado a la persona jurídica como responsable en la afectación de diversas conductas delictivas en las que derivado de la actividad propia de la persona moral cause daño al medio ambiente, a los recursos naturales, lo que incluye flora y fauna, ya sea por falta de prevención a la hora de aplicar las medidas de seguridad o bien porque de forma deliberada ordenen su realización”.
La senadora María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, asentó que esta reforma es una respuesta firme, necesaria y urgente ante el deterioro ambiental que hemos permitido por décadas y que hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta con toda la fuerza del Estado.
Dijo que la protección del ambiente no es un discurso aspiracional, sino una obligación constitucional, un deber ético y una responsabilidad colectiva que no admite retraso ni titubeos. México, advirtió, ha sido testigo del daño inmenso que provocan las descargas tóxicas en ríos, el saqueo de nuestros bosques, el tráfico de especies silvestres, la introducción de organismos genéticamente modificados que dañan ecosistemas enteros, la pesca ilegal, el desmonte para lucrar.
A su vez, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que México y el mundo viven una crisis climática que debe enfrentarse con responsabilidad, por eso la protección de la naturaleza es prioridad. “Esta minuta tiene tres objetivos: establece que dañar al ambiente tiene consecuencias serias, se dota a la autoridad de herramientas reales para que pueda actuar, y protege a las comunidades”, reconoció.
De Morena, la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro estimó que el cambio climático es un grave problema y los recursos naturales son la principal fuente de nuestra subsistencia, por eso el
compromiso del gobierno es con el cuidado del ambiente. “La reforma fortalece las penas para quien cometa delitos ambientales, como la tala ilegal, la extracción ilegal de flora y fauna, así como la exposición de desechos peligrosos”, comentó.
El presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez presentó reservas a los artículos 178, 180, 187, 188, 414, 417, 418, 419, 419 Bis, 420, 420 Ter, 420 Quater y 421.
Con relación al artículo 418 explicó que la reserva adiciona un último párrafo para establecer que no cometen el delito en el caso de las fracciones primera, segunda y tercera, párrafo primero, las personas campesinas ejidatarias, comuneras o que habiten en el medio rural cuando las conductas descritas las realicen para la satisfacción de sus necesidades básicas.
Agregó que la reserva también plantea dar cumplimiento a la ley que establece el Valor de la unidad de medida y actualización. El dictamen hace remisiones a un sistema ya superado, como son los días multa, por lo que proponemos que las remisiones sean a la Unidad de Medida y Actualización.
En esa misma reserva, la mayoría del Pleno aceptó incorporar una propuesta de la senadora Verónica Camino Farjat, que consiste en la protección de los usos y costumbres de los pueblos originarios de la cocina tradicional “porque cuando la gente sale a leñar puede recoger leña del piso o la puede cortar”, entonces cuando se trasladan los atados de los troncos hasta cuándo se pueden trasladar o se puede considerar una necesidad básica.