Por Francisco Iván Cruz

Coneme / Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y al diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Diputadas y diputados de la 65 Legislatura, en línea con lo dispuesto por la ley, es un honor comparecer el día de hoy ante esta soberanía con motivo de la glosa del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y para discutir los detalles del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024, presentado el pasado 8 de septiembre.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estamos convencidos de que el proyecto presentado reafirma nuestro compromiso como gobierno para cimentar las bases de crecimiento y desarrollo económico en el corto y mediano plazo, apuntalando un esfuerzo histórico para ejecutar la inversión física necesaria para consolidar la posición estratégica de México.

El conjunto de medidas del Paquete Económico presentado consolida la estabilidad económica, salvaguarda la sostenibilidad de las finanzas públicas y promueve el bienestar social.

Con este ejercicio republicano estamos seguros que la propuesta presentada se nutrirá de sus valiosas aportaciones para lograr un paquete que nos permita la consolidación del nuevo modelo económico que hemos impulsado, y cuya prioridad es la atención de las brechas sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Con este ejercicio, sentaremos las bases de los trabajos del Gobierno de México de cara al fin del sexenio.

Hace cinco años se planteó una transformación de la vida pública y la forma de gobernar que ha permitido combatir las injusticias sociales. En palabras propias del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha puesto “arriba a los de abajo y abajo los privilegios”.

Para abatir los rezagos sociales, garantizar el acceso a empleos dignos, bien remunerados, y asegurar que las inversiones sean un medio para la mejora sostenible de las condiciones de vida de las personas, este gobierno puso en marcha una política económica integral, cuyos efectos en el bienestar de toda la población hoy son una realidad.

En materia social, la focalización del gasto público, eliminando el gasto suntuario, la corrupción y los intermediarios del gasto social, ha permitido un despliegue de recursos sin precedentes para ampliar la cobertura de becas, pensiones y otros programas sociales, con especial énfasis en los hogares que más lo necesitan.

Con ello, se ha logrado revertir el abandono de los grupos en situación de pobreza y marginación, así como los profundos niveles de desigualdad entre sectores de la población, particularmente los jóvenes, los adultos mayores y los trabajadores, así como entre regiones, en especial en el sur- sureste del país.

Para atender la falta de oportunidades para los jóvenes y evitar su
migración o la búsqueda de oportunidades en actividades ilícitas, desde 2019 se pusieron en marcha programas importantes para atender directamente a los jóvenes e impulsar su educación y sus oportunidades de empleo.

Destacan el caso de las becas Benito Juárez para alumnos de educación básica y media superior, aunado a iniciativas como Jóvenes Escribiendo el Futuro, y La Escuela es Nuestra. En total, estos programas sumarán más de 133 mil millones de pesos al cierre de 2023. Sobresalió también el impacto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la mayor participación laboral de este grupo de la población.

En cuanto a la atención de las personas mayores, el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores brinda cobertura universal a 11.4 millones de personas con apoyos directos que se han triplicado en términos reales desde 2018. Este programa ha sido fundamental para que la tasa de pobreza en adultos mayores se reduzca en 12 puntos porcentuales entre 2018 y 2022.

El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad Permanente ha visto prácticamente duplicados sus recursos en términos reales entre 2019 y 2022, con una incidencia directa en menores niveles de pobreza para este segmento de la población en 8.3 puntos porcentuales entre 2020 y 2022.

En lo que va de la administración, el gasto en protección social ha aumentado 40% real con respecto a su nivel en 2018, lo que ha tenido un efecto positivo en los hogares mexicanos.

Hoy, el éxito de esta nueva visión de las políticas públicas es evidente.

Entre 2018 y 2022, cinco millones de mexicanos salieron de la pobreza y por primera vez en la historia el porcentaje de la población en esta condición es menor al 40%, a la par de una importante reducción en la desigualdad, pues entre 2012 y 2022 el coeficiente de Gini se redujo en 11.3%.

Atendiendo la situación de los trabajadores en el país, esta administración ha impulsado una agenda de cambios radicales en la política salarial acompañada de múltiples reformas laborales con efectos directos en el bienestar, tales como el aumento histórico al salario mínimo por 90% en términos reales desde el inicio de la administración y la eliminación de la subcontratación.

Este cambio en la política salarial ha favorecido que las remuneraciones reales crezcan, sin que representen un riesgo para la inflación. Lo anterior es particularmente relevante porque se está demostrando que, contrario a sofismas y dogmas ya superados, se puede aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones de los trabajadores sin generar espirales inflacionarias o afectar los niveles de empleo.

Con la eliminación de las prácticas de subcontratación, se garantizó el acceso a prestaciones como el reparto de utilidades, el aguinaldo, y la seguridad social, entre otras. Además, se ampliaron los días obligatorios de vacaciones; se flexibilizaron los mecanismos de afiliación al IMSS; y se implementó una reforma al sistema de pensiones que garantizará un retiro en mejores condiciones para los trabajadores.

Los resultados de estos cambios en la política laboral son ya una realidad.

Este año, se registraron las tasas de desempleo más bajas desde que se tiene registro, con un nivel promedio de 2.8%. En el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, su tasa de desempleo alcanzó un nivel de 0.9%, el mínimo desde que se publicó por primera vez la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En lo que va de esta administración, se han creado 5.9 millones de empleos, por arriba de lo observado en las dos últimas administraciones en más de 1.9 y 1.4 millones de empleos, respectivamente, hecho acompañado por un incremento récord de 3.1 millones de empleos en el sector formal.

Las reformas laborales mencionadas han tenido un impacto directo en zonas históricamente marginadas como la región sur del país, en donde se crearon más de 1 millón de empleos, lo que supera en más del doble a aquellos generados en las dos administraciones previas.

En su conjunto, tanto la creación de empleo como los aumentos del salario han beneficiado a los trabajadores de menores ingresos y han contribuido a reducir la pobreza laboral, que pasó de 41% de la población trabajadora en el 4o trimestre de 2018 a 38% en el 2° trimestre de 2023.

Estimamos que, en el agregado, se han beneficiado a 1.7 millones de trabajadores, quienes hoy tendrían condiciones laborales menos favorables, de haber continuado la tendencia previa. Cabe destacar que el grupo de población más beneficiado por las condiciones del mercado laboral han sido las mujeres, ya que tanto su participación laboral como su ocupación remunerada aumentaron entre diciembre de 2018 y julio de 2023 en 2.7 pp y 3.3 millones, respectivamente.

Finalmente, con la reforma al sistema de pensiones, la cual reducirá paulatinamente las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión y favorecerá un aumento de las contribuciones patronales y gubernamentales, la población trabajadora tendrá acceso a una pensión digna.

Además de abatir los rezagos en el bienestar social y procurar el acceso a un empleo digno y bien remunerado, otra de las problemáticas que se atendió fue la de bajo nivel de inversión pública en infraestructura.

La estrategia de inversión en infraestructura, impulsada por esta administración, ha contribuido al dinamismo y fortalecimiento del mercado interno, el cual se ha reflejado en la recuperación del consumo y de la inversión. Lo anterior ha permitido enfrentar la desaceleración temporal en la actividad global de manera efectiva y fomentar la llegada de mayor inversión del exterior a nuestro país.

Para aumentar la inversión se han impulsado proyectos de infraestructura que han detonado el crecimiento económico y la conectividad entre regiones, en especial aquella de del sur-sureste con el resto del país.

Invertir en la región sur del país es prioritario para reducir las brechas de desarrollo, el rezago social y la marginación, mediante la generación de mayor inversión, empleo y crecimiento económico.

Por ello, el Gobierno de México dispuso de un paquete de proyectos, a través del cual se logró expandir la infraestructura ferroviaria y carretera, así como modernizar los principales puertos del país, generando un  efecto positivo que ha aumentado el atractivo de nuestro país como destino de inversión.

Destacan proyectos emblemáticos desarrollados por esta administración como el Tren Maya, el cual aumentará los ingresos por turismo, generando una derrama económica que no sólo llegará a toda la península de
Yucatán, sino al país entero.

Para fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico, el
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrecerá un  acceso logístico entre los océanos Pacífico y Atlántico a precios competitivos, pues reduce en un 70% el tiempo de traslado vigente entre ambos puntos.

Este proyecto contempla la modernización de puertos y la creación de 10 parques industriales que se constituirán como polos de desarrollo en la región, acciones que se verán favorecidas por un sistema de beneficios fiscales.

Esta administración ha realizado inversiones y tendrá concluidas obras relevantes en 2024 también en el centro, occidente y norte del país. Sirvan de ejemplo: el Acueducto el Chuchillo II para proveer agua a Monterrey, Nuevo León; la Presa Zapotillo y el acueducto El Salto – Calderón para proveer agua a la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco; la Presa Picachos y Santa María con sus amplias zonas de riego en Sinaloa; el proyecto de Agua Saludable para la Laguna en Coahuila y Durango; la modernización del Aeropuerto de Tepic y caminos que conectan hacia Compostela y Las Varas en una zona con alto potencial turístico, así como el Canal Alejandro Gascón Mercado y zona de riego en Nayarit; la carretera Ciudad Valles – Tamazunchale en San Luis Potosí; los caminos de mano de obra en la sierra entre Sonora y Chihuahua; la carretera de Agua Prieta – Bavispe y el Acueducto Yaqui en Sonora; la modernización de la carretera transpeninsular en Baja California; la carretera Guerrero Negro – Vizcaíno en Baja California Sur; la carretera federal Ozuluama – Tampico que conecta Veracruz y Tamaulipas; la autopista Guadalajara – Colima; la construcción de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y, entre muchos otros proyectos, estamos concluyendo el Tren Ciudad de México-Toluca.

Los mayores niveles de inversión pública han sido acompañados por más inversión privada, ante la llegada de nuevas empresas por el efecto de la relocalización, lo cual fortalece su contribución al desarrollo del país.

Los efectos de estas inversiones ya se observan. Luego de que durante las dos administraciones anteriores la región sur creció en apenas 0.1 y decreció 0.1% respectivamente, en esta administración la región presenta una tasa media de crecimiento de 0.4%.

Es decir, gracias a los esfuerzos emprendidos en favor del desarrollo de los estados del sur del país, el crecimiento de la actividad económica en esos estados es dos veces superior que el promedio observado en las dos administraciones anteriores.

Además, actualmente 4 de los 5 estados del país con mayor dinamismo económico en lo que va de la administración pertenecen a esta región: Tabasco, con un crecimiento acumulado de 50%, Oaxaca, 13%, Chiapas con 9% y Quintana Roo con 6%.

Estos resultados no serían posibles sin una política fiscal responsable. Al inicio de la administración encontramos espacios de recaudación para aumentar el ingreso tributario, tras lo cual se llevaron a cabo cambios normativos, incluso a nivel constitucional. Para tal fin, mediante varias acciones se mejoró el marco fiscal vigente, avanzando hacia el combate a la evasión y elusión fiscal.

Entre estas acciones, destacan la eliminación de la compensación universal, la catalogación como delito grave del fraude fiscal y la eliminación de condonaciones a grandes contribuyentes.

Los efectos de estas medidas han demostrado que es posible incrementar los ingresos tributarios sin aumentar ni crear nuevos impuestos.

Específicamente, estimamos que en 2024 se consolidará una ganancia de carácter permanente de 1.7 puntos porcentuales del PIB.

Otro punto que quisiera destacar es el combate al dispendio del gasto, a través de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

Desde la emisión de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019, el sector público ha ejercido un gasto austero y honrado para llevarlo  cada vez más hacia las necesidades de la población.

Con respecto a la deuda pública, esta administración se ha diferenciado de las anteriores por su conducción eficiente, logrando mantener un nivel estable y sostenible hacia el mediano plazo, a pesar del volátil  entorno global en las tasas de interés.

De manera específica, se estima que al cierre del año en curso la deuda pública alcance un nivel de 46.5% del PIB, que representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales respecto a su nivel de 2018. Este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales del PIB observado en las dos administraciones anteriores.

La conducción eficiente de las finanzas pública ha sido reconocida por las propias agencias calificadoras y organismos internacionales, quienes han destacado la solidez fiscal y la capacidad de adaptación de la economía mexicana ante los retos que plantea el entorno externo.

Tras esta exposición sobre los resultados alcanzados por la política económica de esta administración, me permito presentar a ustedes las características del Paquete Económico 2024, que busca dar continuidad a las acciones descritas anteriormente, con especial énfasis en la consolidación de un estado de bienestar.

El Paquete Económico 2024 plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos sexenales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en un entorno de finanzas públicas sanas, con un nivel de deuda estable y sostenible, hechos que garantizarán una transición ordenada hacia la siguiente administración.

Considero relevante comentar que la formulación del Paquete toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras.

Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, con un sesgo hacia la parte superior del rango, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos como el consumo y el empleo, en conjunto con los altos niveles de inversión pública y
privada.

En lo que respecta a las finanzas públicas, se da continuidad al ejercicio responsable de la política fiscal que permitirá que el saldo de la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en el contexto del paso a la siguiente administración.

Respecto a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, quisiera destacar que su principal objetivo es continuar garantizando la fortaleza de la recaudación mediante acciones que promuevan la simplificación del marco tributario y permitan reducir la evasión y la elusión fiscal.

En lo correspondiente al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos ya iniciados que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación, para favorecer el bienestar económico y social.

El mismo se ha elaborado bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto, siendo congruente con los ingresos y variables macroeconómicas presentados en los Criterios Generales de Política Económica 2024.

En este contexto, se propone un gasto neto total de 9 billones 22 mil millones de pesos para 2024, lo que representa 26.4% del PIB. En su interior, el gasto programable propuesto es de 6.5 billones de pesos y el gasto no programable es de 2.6 billones de pesos. En el interior de este último agregado, el costo financiero estimado asciende a 1.3 billones de pesos.

Cabe señalar que 8 de cada 10 pesos del gasto neto total corresponden a gastos obligatorios, siendo los más importantes el costo financiero, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a entidades federativas, el gasto de empresas y entidades, así como el gasto de los ramos autónomos.

Para 2024, se estima un gasto federalizado de 2 billones 563 mil millones de pesos, que implica un crecimiento de 0.5% en términos reales. En su interior destaca el pago de participaciones por 1 billón 267 mil millones de pesos y de aportaciones por 1 billón 68 mil millones de pesos.

En este Proyecto de Presupuesto 2024 se priorizan los programas sociales dotándolos de presupuesto para entregarlos de manera directa y sin intermediarios. Destaca el incremento del monto del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a 6 mil pesos bimestrales para cada beneficiario en 2024, esto es 25% superior al monto de este año. Así, se propone una asignación de 465 mil 49 millones de pesos, mayor en 30.8% real respecto al monto autorizado en 2023.

Continuaremos además con la consolidación de los demás programas sociales:

Para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente se prevé una asignación de 27 mil 860 millones de pesos.

El Programa de Fertilizantes, fundamental para continuar con el impulso del sector agropecuario, considera un monto asignado de 17 mil 489 millones de pesos.

El Programa Producción para el Bienestar tendrá una asignación de 16 mil 255 millones de pesos, con el objeto de apoyar la producción de diversos granos y leche de productores de pequeña y mediana escala.

El Programa de Precios de Garantía considera un monto asignado de 12 mil 534 millones de pesos, manteniendo el objetivo de mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores, mediante la adquisición de su producción a un precio garantizado.

Continuaremos con el fortalecimiento del sector educativo mediante el Programa Becas para el Bienestar Benito Juárez en el que se prevé una asignación de 87 mil 675 millones de pesos, así como el programa La Escuela es Nuestra con la asignación de 28 mil 358 millones de pesos.

También se contempla seguir con un impulso sustancial a la inversión física, que permitirá seguir fortaleciendo la generación de empleos y el crecimiento económico.

Se prevén recursos para la conclusión y puesta en operación de diversos proyectos de infraestructura en regiones históricamente rezagadas. Me refiero al Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, Agua Saludable para la Laguna, Presa Santa María, ampliación de Distrito de Riego del Pueblo Yaqui, proyectos de refinación y de conectividad como Internet para
Todos.

El gasto total de inversión estimado para 2024 es de 1 billón 108 mil
millones de pesos. De este gasto, corresponde a la inversión física un monto de 889 mil millones de pesos.

Durante esta administración se ha priorizado la atención a la salud para toda la población y, particularmente, para las personas que no cuentan con seguridad social, a través del IMSS−Bienestar. En ese sentido, se seguirán destinando recursos para consolidar un sistema que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la salud para todos los mexicanos. El monto asignado para Salud en su Clasificación Funcional es de 962 mil 369 millones de pesos, 5.8% mayor a lo autorizado en 2023. En particular, el Organismo Público Descentralizado IMSS Bienestar cuenta un presupuesto propuesto de 128 mil 624 millones de pesos el próximo año.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 es equilibrado, responsable y realista, apuntalando el impulso del crecimiento económico del país, bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad, dirigiendo la mayoría de los recursos en programas y proyectos
sustantivos para el bienestar de la población.

Así, el Paquete Económico 2024 busca abonar al bienestar de la población y proteger a los grupos más vulnerables, garantizando el acceso a los programas sociales en su carácter de derecho constitucional. Igualmente, se busca estimular el crecimiento la actividad económica y la creación de infraestructura productiva que amplíe el potencial de crecimiento y genere oportunidades en regiones del país que históricamente habían estado desatendidas.

Finalmente, es muy importante resaltar que, por instrucciones del Presidente de la República, este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración. El paquete presentado que incluye un componente ambicioso de inversión pública tanto social como física, de la mano del fortalecimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, nos permitiría que 2024 sea el año de la consolidación económica para este proyecto de nación.

Abonaremos a la fortaleza macroeconómica de nuestro país y nuestra moneda, a la adecuada capitalización del sistema financiero mexicano, y la construcción de bolsas de liquidez que permitan a las finanzas públicas soportar choques externos, así como brindar margen de acción para el gobierno entrante. Estamos convencidos que la continuidad de nuestro proyecto de nación pasa necesariamente por la estabilidad y disciplina fiscal.

Habiendo expuesto lo anterior, me permito poner a las órdenes de esta soberanía el despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de sus subsecretarías y unidades para aclarar cualquier cuestionamiento o propuesta que surja durante el análisis de la información presentada. Muchas gracias a todos por su atención.