Por Alberto Woolrich Ortíz
Coneme / Resulta verdaderamente detestable tener que evocar, como arquetipo de la inequidad, disparidad y falta de equidad a que se puede arribar cuando la injusticia e ilegalidad no es sino un agregado del único y exclusivo poder existente, en éste caso el Poder Ejecutivo. La Cuarta Transformación de la República, con su actuar y su improcedente, inconducente e incorrecto pensar denota que las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales cuando son perfectamente ajustadas a derecho son injustas, si con ello no favorecen los intereses de esa potestad, mientras que una resolución emitida no conforme a estricto derecho es para esa soberanía justa y adecuada, cuando bien atiende a aquellos supremos intereses de Andrés Manuel López Obrador y el partido político que lo llevó a detentar el cargo que hoy representa.
En ese clima jurídico, político y moral se han cometido infinidad de tropelías legales con una plena y absoluta impunidad.
En definitiva el Poder Ejecutivo se considera estar muy encima de nuestras leyes. Ello no puede ni debe de acontecer después de haber entrado en vigor nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El estado de derecho que la Carta de Carranza prevé exige como condición indispensable un estado de justicia, no un estado de impunidad y, como tal, un estado de control jurídico, en el que, para la defensa de los principios de libertad y justicia, ningún poder del estado (ahí se incluye al ejecutivo) se encuentra exento del sometimiento a la ley.
No parece concebible que gobiernos que se dicen ser democráticos, por arrogantes o ignorantes que pretendan ser, rompan con el espíritu sublime de nuestro Pacto Federal. Estos acontecimientos de orden jurídico-político impulsados por Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la fecha se han dado en múltiples de sus ocurrencias, lo cuál a ésta Cuarta Transformación de la Nación le sitúa inadecuadamente en aquél añejo concepto de “príncepslegibus solutus”, lo cuál significa en castizo lenguaje como “el príncipe que está por encima de sus leyes”. Ahora el presidente pretende emitir acuerdos y decretos a fin de que se aprueben por razones de seguridad nacional, ciertos blindajes para tapar y ocultar posibles actos de corrupción en sus grandes proyectos de construcción, anteponiendo todoello a nuestras normas insertas en el Pacto Federal.
Por último la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., debe expresar a Andrés Manuel López Obrador, por su evidente desconocimiento de nuestra Suprema Ley, que tiene que acudir al Archivo General de la Nación en el Palacio de Lecumberri, para enriquecer su escaso acervo cultural en materia constitucional, ya que es un tema que desconoce e inventa y, lo que es peor, políticamente resulta ser carente de buena fe.
Es cuanto.