Por Orlando Orta
Coneme / La exdiputada federal por el PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que el acuerdo publicado por la presidencia de la República que busca blindar los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador; es inconstitucional, vulnera el derecho de acceso a la información, los principios fundamentales de transparencia, la división de poderes y federalismo.
El acuerdo, publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Al respecto, Juárez Piña indicó que este documento tiene dedicatoria, evitando retrasos no sólo por las acciones de la sociedad civil, sino evadiendo todos los plazos para evaluaciones y requerimientos en materia ambiental y de impacto ecológico, obligando a las y los funcionarios a actuar fuera de la ley por la vía de un acuerdo.
El presidente, denunció, “también, pretende evitar que las y los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades o cualquiera que se sienta afectado en sus derechos por la realización de las mega obras insignias de López Obrador que están en proceso u otras que pretenda realizar; se amparen para proteger sus derecho, como el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”.
“El presidente quiere pasar por encima de todo el entramado jurídico que hemos construido para evitar abusos del poder, particularmente el derecho de acceso a la información, además de violentar el derecho al amparo, que tiene como función proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos; y al mismo tiempo evitar que se viole la Constitución mediante normas generales o actos de autoridad contrarias a sus preceptos”, advirtió.
La dirigente nacional de Nueva Izquierda recordó que todas las megaobras de López Obrador han sido cuestionadas por varias razones, entre ellas porque han violado derechos de inversionistas, no han consultado a las comunidades o carecen de estudios de impacto ambiental; y “con esta disposición, AMLO busca evitar que los ciudadanos ejerzan sus garantías constitucionales para protegerse de acciones arbitrarias de la autoridad”.
Denunció que, con el acuerdo, también se afecta la division de poderes, porque Ejecutivo “obstaculiza que el Poder Judicial cumpla con su mandato de vigilar el debido cumplimiento de las leyes y garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos; al tiempo que intenta imponerse sobre la facultad del Congreso de la Unión de emitir las leyes que rigen la vida del país y, en este caso, sobre todos los rubros relacionados con las mega obras que procura blindar”.
De igual manera, acusó, al instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras relacionadas con los temas del acuerdo, en un plazo máximo de cinco días; “AMLO
Desea pasar por encima de las facultades de las entidades federativas y municipios, los que también tienen autoridad sobre los temas que involucra la publicación y que no son exclusivos de la federación”.
“El presidente debe ser el primero en respetar la Constitución de la República y las garantías fundamentales de los ciudadanos, este acto arbitrario violenta el Estado de Derecho y tanto el Poder Judicial, el Legislativo; y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; deben pronunciarse al respecto”, concluyó.