Por Crispín Barrera Ponce

*Agradezco profundamente a las y los participantes en esta Primera Mesa Conmemorativa de una década de los derechos humanos en México.

*Muchas gracias por la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier Velazco, así como también de la Dirección General del CEDIP y de la Dirección de Servicios Parlamentarios de esta Cámara de Diputados.

*Y a nuestros tres conferencistas, muchas gracias por su participación.

Coneme / Cualquier ejercicio de memoria en México, nos impone para esta fecha, 10 de junio, reflexionar sobre dos eventos, separados cuarenta años entre sí y de signo contrario que se atraen, como los polos eléctricos: uno, de corte represivo, violento, el Jueves de Corpus de 1971, la cínica matanza de estudiantes perpetrada por grupos parapoliciales; el otro, registrar el avance significativo en el proceso de transformaciones institucionales que reclama el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Quiero pensar que no fue casual que la publicación de esta amplia reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación coincidiera el 10 de junio. Mudo homenaje a quienes hace 50 años marcharon para exigir el elemental derecho a manifestarse. Después de los brutales acontecimientos del 2 de octubre, nuestras universidades quedaron cubiertas con el manto negro de la represión. La Noche de Tlatelolco que nos narrara Elena Poniatowska duró más de dos años. Los líderes del Consejo Nacional de Huelga continuaban en prisión. No había activismo político en las universidades, controladas en muchos casos por grupos porriles o parapoliciacos. No se hacían marchas ni se realizaban protestas callejeras. El clandestinaje se imponía como ejercicio de sobrevivencia y las montañas de Guerrero y de Michoacán se convirtieron en la única alternativa para la lucha política opositora.

El 10 de junio de 1971, los comités de lucha del Politécnico Nacional y de la UNAM, convocaron a la primera marcha desde 1968. La motivación provino de la solidaridad con la resistencia de la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León –-estudiantes, académicos, trabajadores– frente a la imposición de una ley orgánica que anulaba su autonomía, junto con el nombramiento de un nuevo rector médico militar con rango de teniente coronel.

Estos hechos habían motivado una gran movilización en Monterrey. La solución política al conflicto pasó por la renuncia del gobernador de Nuevo León el 5 de junio, antes que aceptar suscribir y publicar la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León. No obstante, los comités de lucha de la Ciudad de México continuaron con la preparación de la marcha. Había concluido la liberación de los últimos presos políticos del 68. Sus líderes, recién excarcelados, advirtieron del ambiente represivo que imperaba y recomendaron no realizar la marcha. Sin embargo, el contingente salió del Casco de Santo Tomás… y cayó la represión en San Cosme, fría, meticulosamente planeada, desordenadamente ejecutada. Otra vez regresaron la oscuridad y el miedo, la represión generalizada y el paso a la ofensiva de la lucha clandestina que llevó a casi una década de “guerra sucia”, en la que el respeto a los derechos humanos y a la vida de cientos de jóvenes mujeres y hombres fueron virtualmente eliminados. Las desapariciones fueron práctica extendida, tortura, ejecuciones.

La espiral descendente de la ilegalidad y la descomposición social se detuvo cuando un pequeño grupo de políticos del partido gobernante, lúcido y comprometido con la democracia, logró impulsar una amplia reforma político-electoral en 1977 y hacer reaccionar al Estado mexicano con apertura en vez de represión. La reforma política promovió la creación del sistema de partidos, legalizó al Partido Comunista Mexicano después de tres décadas de su prohibición; se impulsó una amplia amnistía para “limpiar” las cárceles de presos políticos y para iniciar la construcción de la pluralidad y la ampliación del entramado de derechos y libertades que estaba exigiendo, especialmente sus jóvenes, mujeres y hombres.

Entre el 10 de junio de 1971 y el 10 de junio de 2011 transcurrieron cuatro décadas. La concatenación de esfuerzos para establecer los mecanismos de ejercicio efectivo de los derechos humanos para todas las personas se inició con esta gran rectificación del Estado mexicano en la década de 1970. Hubo muchos y muy importantes esfuerzos que se han desarrollado a lo largo de estos 40 años. Pero la memoria exige recordar a quienes, en su demanda de democracia, entregaron vida y libertad para lograrla.