Por Crispín Barrera Ponce

– Propuso dejar de militarizar las tareas en este rubro y destinar más recursos al fortalecimiento de cuerpos policiacos y ministerios públicos

– Señaló que muestra del fracaso de la actual estrategia fue la gran cantidad de asesinados de candidatas y candidatos en el pasado proceso electoral

Coneme / Ante el evidente fracaso del Gobierno Federal para contener la violencia y delincuencia en el país a pesar de la militarización de tareas policíacas, el GPPRD demandó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) “un viraje de timón” en su estrategia a fin de realmente proteger a la población. Propuso que, en lugar de esa fallida estrategia de militarización, se destinen recursos necesarios y suficientes al fortalecimiento de las policías y ministerios públicos de las entidades federativas para así generar mecanismos indispensables tendientes a recuperar la seguridad pública en territorio nacional.

Solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión comprometerse igualmente con la seguridad de todas y todos los habitantes del país, y suscribir en consecuencia, un exhorto en el mismo sentido a la titular de la SSPC, Rosa Isela Rodríguez. Le argumentó al órgano legislativo que diversos hechos desmienten las afirmaciones de la funcionaria, según la cual la violencia habría disminuido porque hubo una ligera baja en homicidios dolosos entre enero y mayo de 2.9% respecto a igual periodo del año anterior.

Señaló que la misma funcionaria reconoció aumentos en otros ilícitos, como violación y trata de personas de 30% y 47%. Por lo demás, la violencia vinculada a la delincuencia organizada no disminuye a pesar del supuesto aumento en el bloqueo de cuentas bancarias de los delincuentes, sino que dicha violencia se ve cada vez más exacerbada. Muestra de ello fue el incremento de la violencia entre diversos grupos de la delincuencia organizada durante el período electoral que dio como resultado el asesinato de 91 candidatos y candidatas.

Con estos crímenes y actos violentos mediante los cuales eliminan a candidatos y candidatas -dijo-, los delincuentes pretenden el control territorial para sus actividades ilícitas y obtención de recursos, pero además protección política y policiaca, así como control de los recursos públicos de municipios y estados. “En este contexto de reacomodo político de la delincuencia organizada, el pasado sábado 18 de junio, un comando armado entró a la Colonia Almaguer y tres barrios más de la ciudad fronteriza de Reynosa, en Tamaulipas y disparó en contra de diversas personas que, según la autoridad de aquel estado, no se encontraban vinculadas a alguna actividad delincuencial. El resultado fue18 personas muertas en diversos eventos criminales”, recordó la bancada del Partido del Sol Azteca.

Señaló que es tal la violencia delincuencial en el país, que hasta la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, durante la presentación del informe de su oficina en la 47° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la violencia en México genera gran preocupación al interior de este organismo. Por lo anterior hizo un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se “abstenga de utilizar un lenguaje que descalifique a aquellos que critican a las autoridades o que pueda poner en cuestión la independencia de organismos públicos autónomos, incluidas las entidades electorales”. El GPPRD insistió en que además es necesario “un viraje en el timón”, de modo que se deje de militarizar la actividad policíaca y en cambio se fortalezcan los cuerpos policiacos y los ministerios públicos.