Por Crispín Barrera Ponce
-Con el permiso de la presidencia. Según UNICEF, cada año más de un millón de niños, particularmente niñas, se ven involucrados en la industria del sexo, a través de la prostitución, la pornografía o alguna otra figura delictiva.
Coneme / Lamentablemente, millones de niñas y niños en todo el mundo han sido arrastrados en contra de su voluntad, secuestrados, vendidos o adoptados, en beneficio de redes dedicadas a la prostitución y a la pornografía. Esta triste realidad los está llevando por un camino peligroso, que podría tener consecuencias catastróficas tanto para su salud física como para su bienestar mental.
Desafortunadamente nuestro país no está exento de esta situación, en México, en pleno Siglo XXI, muchas niñas todavía son vendidas y obligadas a casarse por usos y costumbres. De acuerdo con datos oficiales, el 68 por ciento de las mujeres indígenas contrajo matrimonio entre los 9 y los 19 años, pero también, existen casos de sustracción y venta de menores para adopción o para el “cultivo de órganos”, para su venta en el mercado negro.
Desde el 2003, cuando México ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, se reconoció esta problemática global y nos comprometimos con la comunidad internacional a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral, que además de la prevención y la sanción, incluyera la atención a víctimas.
En 2012, por ejemplo, se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Asimismo, en el 2019, el Congreso de la Unión modificó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio con personas menores de edad. Y hoy, con la aprobación de este dictamen, se continúa en esta lucha por erradicar este delito que sin duda, es uno de los más lacerantes para la sociedad.
Compañeras y compañeros, crear los instrumentos para proteger la vida e integridad de las niñas y niños, es una de las principales obligaciones que tenemos como representantes populares y como legisladores. Por eso las invito a todas y a todos a aprobar el presente dictamen, para exhortar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refuercen las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas.
Las niñas de México, especialmente las pertenecientes a comunidades indígenas, merecen una infancia feliz, sana y segura. Está en nuestras manos empezar a construir el entramado legal e institucional para garantizar esto. Y además, como padre de familia y como padres de familias que somos, y como senadores de la República, debemos seguir reforzando nuestro compromiso con la niñez de México, y las invito a todas y todos, a aprobar el presente dictamen. Por una infancia feliz y segura para todas las niñas y los niños de México. Es cuanto, muchas gracias por su atención.