Por Crispín Barrera Ponce
Coneme / La senadora Alejandra León Gastélum solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, de manera coordinada, eviten el cierre de las oficinas de la PROFEPA en los municipios de Ensenada y Tijuana, Baja California, y a que lleven a cabo los ajustes presupuestales necesarios para que continúen funcionando de manera óptima.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, del Congreso de la Unión, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordó que en días recientes el gobierno federal anunció de manera oficial el cierre inminente de las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de los municipios de Ensenada y Tijuana, Baja California.
Dicho cierre debe llevarse a cabo al término del mes de agosto por razones de carácter presupuestal; lo cual sólo dejaría en funcionamiento la oficina que se localiza en el municipio de Mexicali para concentrar y atender todas las denuncias ambientales que se realicen en la entidad. “Esta decisión ha sido públicamente rechazada por los miembros de diversos organismos como el Consejo Estatal de Protección al Ambiente, el Colegio de Biólogos de Baja California, A.C. y Terra Peninsular, A.C., entre otros dedicados a la protección y conservación de nuestro medio ambiente”, mencionó. Lo anterior, en virtud de que la amplia problemática ambiental que padece Baja California, la cual concentra importantes áreas naturales protegidas como son: las reservas de la biósfera de Islas del Pacifico de la Península de Baja California, Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas, Salsipuedes y de Isla Guadalupe. Así como los parques nacionales Constitución de 1857, Sierra San Pedro Mártir y Zona Marina archipiélago de San Lorenzo; así como las áreas de protección de flora y fauna Valle de los Cirios e Islas del Golfo de California.
“Además, el estado cuenta con 19 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, 1300 km. de Zona Federal Marítimo Terrestre y una cantidad significativa de comunidades ribereñas en el Golfo de California, zona en la que actualmente se padece una grave y particular crisis socioambiental de relevancia internacional”, detalló Alejandra León. La senadora por Baja California advierte que al cerrar las oficinas de la PROFEPA en los municipios de Ensenada y Tijuana, para mantener en operación solo las de Mexicali equivaldría en los hechos a dejar desprotegido todo el estado y expuesto a la impunidad por el incremento a las violaciones de la normatividad ambiental.
Además de que desincentiva la denuncia por parte de los ciudadanos residentes en los otros municipios, particularmente para aquellos que viven en las zonas más aisladas del estado, pues realizar un viaje tan largo a la capital puede llevarlos de dos a ocho horas y un incremento en el costo del transporte. “Asimismo, en la práctica, resultará imposible para la propia autoridad cubrir distancias tan largas de forma oportuna, eficiente y eficaz al momento de que se investigue una posible falta o delito ambiental”, apuntó. En el punto de acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, la senadora Alejandra León llama al gobierno federal a reconsiderar su decisión y a no cometer un ecocidio en nombre de un gobierno austero. “No debe de permitirse que en nombre de la austeridad se cometa un ecocidio cuyos efectos serán resentidos por la población bajacaliforniana por generaciones”, concluyó.