Daniel Gómez Trejo
Coneme / De cara a la discusión y aprobación de la reforma en materia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la Diputada Claudia Rivera Vivanco aseguró que la aprobación de este dictamen que eleva a rango constitucional su reconocimiento como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio, saldará una deuda histórica con estas comunidades.
“Esta reforma que modifica el Artículo 2 de la Constitución, representa un paso significativo hacia el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de estos grupos históricamente marginados”, añadió la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Recordó que las comisiones de la LXV Legislatura avalaron por unanimidad el dictamen. Emplazó a sus homólogos de las diversas fracciones parlamentarias a votar de la misma manera para reconocer y fortalecer la diversidad cultural y los derechos de este sector.
La diputada federal por Puebla, detalló que actualmente en México se reconocen 68 grupos indígenas y de acuerdo con el censo de Población y Vivienda 2020, se identificó a 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 por ciento de la población total de ese rango de edad.
Añadió que la población total en hogares indígenas en 2020 fue de 11 millones 800 mil 247 personas, lo que equivale a 9.4 por ciento de la población total del país; dicho censo mostró que en México había 7 millones 364 mil 645 personas de tres años y más hablantes de lengua indígena, lo que representó 6.1 por ciento de la población total del país en ese rango de edad.
En este tenor, Rivera Vivanco explicó que la reforma otorga a esta población –entre otras- la facultad de realizar consultas en formatos que garanticen el respeto y la protección de sus derechos. “Esto incluye consultas sobre temas relacionados con la comunicación, así como el reconocimiento de los derechos de niñas, mujeres y adultas mayores dentro de estas comunidades”.
La legisladora poblana, explicó que otro de los objetivos es asegurar que todas las comunidades, sin importar su tamaño, sean reconocidas y tengan acceso a los mecanismos que les permitan una participación efectiva. “Esto incluirá la capacidad de consultar sobre presupuestos y otras decisiones importantes que impacten directamente a sus territorios y poblaciones”.
“La implementación efectiva de estos cambios contribuirá a construir una nación más justa, equitativa e inclusiva para todos los ciudadanos”, finalizó.