Armando M. Cardenas
*Diputada, diputado e investigadores externan comentarios sobre el modelo prohibicionista
Coneme / En la Cámara de Diputados se presentó el “Estudio sobre las prácticas y preferencias de regulación de cannabis en México”, el cual identifica las tendencias en el consumo y opinión de las y los ciudadanos en el tema, las deficiencias y vacíos informativos en diversas investigaciones y resalta las áreas que requieren atención.
Modelo prohibicionista no atiende el problema de raíz
La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) afirmó que el tema, a la fecha, no está dentro de las prioridades legislativas pues la agenda estará marcada por la coyuntura electoral. “No ha habido voluntad política de las diferentes fuerzas que integran el Congreso para encarar este asunto, pero el fenómeno sigue con todas sus secuelas y hay que enfrentarlo porque la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue gravitando sobre la indecisión del Poder Legislativo”.
Consideró que el estudio es una contribución invaluable al debate informado y dota a las y los diputados de claves para saber si se está a favor o en contra de un cambio en las políticas de drogas; identifica los factos sociodemográficos de los cambios legislativos y sobre la criminalización de los consumidores, castigo a la posesión o su uso, y ve las posibilidades de un mercado regulado.
Añadió que es el momento histórico para reflexionar sobre la pertinencia de mantener un sistema prohibicionista o avanzar de manera gradual, cautelosa, informada y responsable a un proceso de regulación o legalización del cannabis como se sugiere en el estudio.
“El modelo prohibicionistas no atiende de raíz el problema de salud, ni el consumo desde el enfoque de derechos humanos; es un modelo que debe cambiar. En el Congreso de la Unión tenemos este pendiente, pues de la 64 Legislatura, con 15 iniciativas, a la 65 ha bajado el trabajo de las y los legisladores y la intención de regular el tema”, agregó.
Régimen prohibicionista ha generado mercado negro
El diputado Jorge Triana Tena (PAN) resaltó que aún no se ha perfeccionado la regulación del uso de la cannabis terapéutica y medicinal, pero ya se quiere avanzar en la parte lúdica. “Nos guste o no es tema caliente desde la perspectiva política, polariza y no abona”.
Argumentó que el régimen prohibicionista ha generado un inmenso y peligroso mercado negro, el cual se traduce en violencia, punitivismo e incluso en mayor consumo, y el objetivo de la regulación ya no tiene que ver con la violencia, sino con libertades individuales, como lo ha dicho la Corte.
“Seguimos estacionados en la persecución de los consumidores y de los que participan en la cadena de producción ligada al crimen organizado, y se destinan cientos y miles de millones de pesos para perseguirlos, traducidos en elementos de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, policías y cárceles. El punitivismo a todo lo que da”, añadió.
Llamó a analizar la teoría del mercado negro, a fin de darse cuenta que a mayor restricción mayor crecimiento. “Seguimos sacrificando libertades individuales por estigmas sociales y estamos estacionados en un régimen prohibicionista porque es lo cómodo. Yo estoy por un modelo con competencia, con cadena productiva, con comercialización vigilada y candados, que genere divisas e impuestos que se traduzcan en beneficios para la gente”.
Investigaciones en beneficio de la nación
La Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, aseguró que las investigaciones que hacen los centros de estudios ahora son más completos y útiles para el trabajo legislativo, porque el Servicio de Carrera finalmente se hizo posible en la Cámara desde la pasada Legislatura.
Indicó que con la nueva conformación de los centros se pueden realizar estos estudios y afirmó que un punto donde las y los investigadores parlamentarios deben ahondar es en aquellos vacíos que se identificaron en este estudio. “Ahí hay un área de oportunidad y siempre de beneficio para la nación”.
Herramienta valiosa para la toma de decisiones
Ana Gabriela Núñez Pérez, encargada de despacho de la dirección general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), mencionó que con este documento se generan sinergias sobre la regulación de cannabis y las tendencias, derivado de la prohibición que se hizo de la despenalización de consumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se hace imperativa la legislación al respecto.
Detalló que el informe aborda diversos aspectos relacionados con el acceso, la regulación y la opinión pública. Relató que se realizó una encuesta representativa a nivel nacional con la participación de más de mil ciudadanos mexicanos, y sus resultados son fundamentales para comprender las necesidades y expectativas en materia de regulación. “Es una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas del Congreso de la Unión”.
La actual política de cannabis necesita cambiar
La encargada del estudio, Catalina Pérez Correa, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), precisó que existen lagunas legislativas, pues hay normas que ya no forman parte y no queda claro cómo se puede acceder a los permisos para consumir cannabis, pero la Secretaría de Salud, a través de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dado los permisos; sin embargo, ello da lugar a diferencias y desigualdades.
Añadió que se cuenta con una legislación que, si bien penalmente no impide su consumo, prohíbe todas aquellas conductas necesarias para consumir. La posesión de pequeñas cantidades es criminalizada y penalizada, no tienen sanción de cárcel, pero las policías pueden detenernos. “Lo que vemos es que hay muy poca certidumbre jurídica sobre cuáles son los derechos que tenemos las personas en el país y cuáles son los derechos de las usuarias”.
Indicó que el consumo de cannabis ha aumentado en los últimos años, pero no a una tasa preocupante. Lo que sí es una constante inquietud de la población es lo que pasaría si se regula, aumenta o no el consumo, y el análisis sobre la evidencia en países que la permiten revelan una normalización, aumentos recaudatorios, disminución en los costos para el sistema de justicia penal, reducción del precio de la cannabis en el mercado, pero no hay datos para afirmar un aumento en el consumo en jóvenes. “No es cierto que la regulación aumenta el consumo”.
Respecto a la encuesta, detalló que el 62 por ciento no considera que si hay un mercado legal ello influiría en la decisión de consumo, 63 por ciento afirma que la cannabis es fácilmente accesible en su localidad, 60 por ciento expresó desacuerdo en que la posesión de pequeñas cantidades sea castigada, el 46 por ciento considera que la política actual criminaliza a las y a los consumidores, un 37 por ciento afirma que protege a los consumidores al distinguirlos de narcomenudistas, y casi el 80 por ciento estima que la actual política de cannabis necesita cambiar.
No es correcto decir que regularla es impopular
El también encargado del estudio, el profesor-investigador visitante del CIDE, Jonas Von Hoffmann, resaltó que la mayoría de los encuestados quieren que cambie la política de drogas respecto a la cannabis pero no sabe en qué sentido; es decir, hacerla más represiva o permisiva. “No es correcto decir que regular la mariguana es impopular en México”.
La encuesta refiere que casi dos tercios de los consultados aprueba mucho o algo la regulación y un tercio está en desacuerdo; para fines medicinales es más alto.
Puntualizó que casi el 85 por ciento de las y los encuestados dicen que quienes consumen deben tener una forma legal de abastecerse, tres cuartas partes piensa que se debe prohibir el consumo en lugares públicos, “y nosotros consideramos que las sanciones deben ser administrativas y no penales, para no reproducir la penalización”. Casi la mitad está en contra de permitir su venta, como el alcohol y el tabaco.
Además, 60 por ciento está a favor de prohibir la publicidad de productos de cannabis y la mayoría de los encuestados –principalmente los que no consumen o nunca la han consumido- están en favor de limitar comestibles (galletas, gomitas, pasteles) y bebidas. “Si esos productos se prohíben, el mercado regulado pero limitado puede obligar a los consumidores de abastecerse y continuar recurriendo al mercado negro”.
Garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad
El periodista y autor de “Mariguana a la mexicana”, Ignacio Lozano, destacó la importancia del estudio del CESOP, dado que hay pocos sobre lo que piensan las y los mexicanos en el tema, cómo y dónde consumen, dónde comprar, para qué y el por qué, para que en el país se respete y garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Consideró necesario saber cómo viven las y los mexicanos ese panorama, lo que padecen quienes tienen a un familiar en la cárcel por posesión simple, cuál es la situación de las mujeres y en cada uno de los campos (educativo, salud e incluso criminal). “Es un derecho, tener los más altos estándares en la evidencia científica y la investigación a efecto de tomar las mejores decisiones”.
Añadió que como consumidores se debe explicar la complejidad que implica serlo y la obligación del Estado mexicano de dar las herramientas educativas y científicas para entender las adicciones, prevenirlas y enfrentarlas. Reconoció que la responsabilidad de los medios de comunicación, prensa y comunicadores “es enorme y hemos fallado mucho en estas décadas”.