Por Mar Buendía
* A través de la imprescriptibilidad se envía un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerarán estas prácticas y los responsables rendirán cuentas, aseguró
* Se pretende evitar la impunidad por la mera expiración de los plazos legales y con ello, se permitirá al Estado ejercer sus derechos punitivos, sin restricciones temporales, señaló
Coneme / La diputada federal, Dionicia Vázquez García, presentó iniciativa que reforma los artículos 109 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que los delitos por corrupción, de parte de cualquier servidor público o particulares, sean considerados imprescriptibles y éstos sean sujetos a investigación y sanción, en los términos de la legislación penal aplicable.
Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), consideró esta reforma como fundamental para la lucha contra la corrupción, ya que garantiza una gestión pública transparente y eficiente, toda vez que con la imprescriptibilidad se envía un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerarán estas prácticas y los responsables rendirán cuentas, lo que podrá disuadir a funcionarios de cometer ilícitos en el futuro.
De la misma forma, resaltó la relevancia de esta modificación debido a que, al incluir esta figura en nuestra Carta Magna, se evitará la impunidad por la mera expiración de los plazos legales y se le permitirá al Estado actuar y ejercer sus derechos punitivos sin ningún tipo de restricción temporal que lo sujete.
La congresista por el Estado de México recalcó la importancia de brindar las herramientas legales que erradiquen la corrupción en nuestro país, misma que se agudizó gracias al modelo neoliberal, que abrió la posibilidad de negocios ilegales provenientes de mandatos políticos, muchas veces desde el mismo gobierno, a la falta de regulación, la privatización de servicios, concentración de la riqueza en unos cuantos y el poder en una élite reducida.
“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, fortalecer el marco legal para el combate a la corrupción es crucial, implica un eje fundamental de los documentos básicos de nuestro instituto político, en virtud de que la corrupción socava los valores y objetivos fundamentales de la izquierda, como la justicia social, la igualdad y la democracia”, finalizó.