Por Francisco Iván Cruz
*Para 2023 se destinaría el 33.9 % del presupuesto a pensiones y pago de la deuda. El monto de esta última supera el gasto en salud, educación, inversión física y energía. *Se estima que para 2030, la deuda por persona sería de 186 mil 910 pesos.
Coneme / Un sistema fiscal es sostenible cuando los recursos son suficientes para cumplir con las obligaciones públicas y, por consiguiente, cuando es balanceado entre las personas actualmente vivas y las futuras generaciones.
De cara a los retos que enfrentarán las finanzas públicas en 2023, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) analiza las proyecciones de tres indicadores de la deuda pública: como porcentaje del PIB, por persona y la brecha fiscal. Así como sus posibles consecuencias, en la investigación ‘Reporte sobre la sostenibilidad fiscal. Análisis y prospectivas del Paquete Económico 2023’.
El CIEP refiere que la tendencia a largo plazo de la política fiscal apunta a una mayor inequidad intergeneracional y a riesgos en la sostenibilidad fiscal: desde 2009, se ha gastado por encima de lo recaudado, lo que deriva en un mayor endeudamiento. Por lo que, para no heredar deuda a las futuras generaciones, a partir de 2030, los ingresos públicos tendrían que aumentar 32.2% o disminuir el gasto público 26.2%.
Esto implica que el desbalance fiscal en 2023 no es sostenible en el largo plazo, es por ello que, para aumentar la productividad laboral y que las futuras generaciones tengan las herramientas para enfrentar cualquier obligación heredada, se debe priorizar el gasto en salud y educación.
No obstante, cada año aumentan las presiones en el gasto público por pensiones, así como el pago de intereses y servicios asociados a la deuda pública. Para 2023, se destinaría el 33.9 % del presupuesto a ambos conceptos.
Finalmente, el CIEP señala que la sostenibilidad de las finanzas públicas se basa en supuestos macroeconómicos optimistas y en indicadores que no incorporan efectos demográficos y de largo plazo, además de que depende de variables inciertas que no son controlables directamente por el gobierno, por lo que existen riesgos para la sostenibilidad fiscal y para la equidad intergeneracional.