Por Carlos Mauricio Hernández
-Las personas migrantes se encuentran en condiciones de hacinamiento, falta de instalaciones sanitarias y riesgo de contagio del virus SARS-CoV2
-Cerca de mil niños sufren riesgos de abuso sexual y falta de alimento
Coneme / A poco más de cuatro meses de haberse iniciado el campamento migrante denominado “El Chaparral” en la ciudad de Tijuana, Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera a las autoridades involucradas que establezcan las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a las personas en contexto de migración que se encuentran en el interior y en las inmediaciones del lugar, y así evitar que se ponga en riesgo su seguridad, sus bienes, su integridad física y su vida.
Las personas migrantes, nacionales y extranjeras, que cohabitan en dicho asentamiento en espera de noticias de las autoridades estadounidenses sobre la apertura de los procesos de asilo, se encuentran hoy en condiciones de hacinamiento y mayor vulnerabilidad, pues dentro de los asuntos desatendidos por las autoridades destacan el reciente retiro de baños y regaderas portátiles, que provoca un grave conflicto sanitario y de salud, no solo para la población migrante, sino también para los vecinos de la colonia Federal.
Además, la falta de alimentación para aproximadamente 3 mil personas que componen hoy el campamento ahonda su precaria condición. Tampoco se han instrumentado medidas efectivas y permanentes para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2. Especial preocupación merecen las niñas y niños, poco más de mil en ese lugar, pues algunos son enviados a pedir dinero a la línea de cruce fronterizo, mientras que otros son potenciales víctimas de abuso sexual y unos más, los lactantes, carecen de fórmulas lácteas para su alimentación.
No escapa a nuestra atención la llegada al campamento en los últimos meses de población en contexto de desplazamiento interno forzado, huyendo de la violencia criminal que asola a los estados de Michoacán y Guerrero, principalmente, sumándose problemas con el paso del tiempo sin que se vislumbre una solución de alojamiento alternativo y de servicios a los migrantes del campamento, conforme a la dignidad humana. Desde el inicio del campamento, la CNDH ha enviado personal para documentar y orientar de manera permanente a personas migrantes en relación con sus necesidades de todo tipo. El pasado 20 de marzo se emitieron Medidas Cautelares a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sin que se advierta un compromiso eficaz y completo para su cumplimiento por parte del gobierno del estado de Baja California, el Instituto Nacional de Migración y la presidencia municipal de Tijuana.
Actualmente se integra un expediente de queja y se ha solicitado reiteradamente a las autoridades que actúen oportuna y eficazmente, y con ello garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las personas en movilidad. La CNDH reitera su disposición para coadyuvar en la atención y solución de las problemáticas que enfrenta la población migrante varada en campamento migrante “El Chaparral”, con pleno respeto a sus derechos y dignidad.
¡Defendemos al Pueblo!