Por Crispín Barrera Ponce
Coneme / Diputados del Partido Revolucionario Institucional propusieron una iniciativa legal para terminar con la incertidumbre que generó la llamada “Ley Zaldívar”, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva con autonomía e independencia la consulta que determinará si es constitucional o no, ampliar el periodo del Ministro Presidente y los consejeros de la Judicatura Federal. Esta propuesta llevó a preguntarse ¿Cuáles son los alcances y términos de tal decisión, hasta dónde son vinculantes?, ¿debe hacerse en un debate público o en uno privado?, ¿quién puede solicitar este tipo de consultas?, ¿qué número de votación se requiere para alcanzar la inconstitucionalidad de la norma?, ¿en qué plazos debe resolverse?, entre otros cuestionamientos.
En ese sentido, en nombre de las y los diputados del PRI, Claudia Pastor Badilla, presentó iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de consultas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la constitucionalidad de normas que afecten su autonomía e independencia, misma que modifica los artículos 11 y 14, además de adicionar un Título Noveno; el mecanismo especial y extraordinario propuesto es para dar certeza a la consulta a trámite ante el Pleno del máximo tribunal y definir el procedimiento que regule esa facultad.
“El Poder Ejecutivo ha irrumpido abiertamente en las atribuciones exclusivas de este Poder Legislativo, al grado que quienes pertenecen al partido de la mayoría no tienen autorizado modificar “ni una coma” a sus propuestas e iniciativas. Esta tendencia desafortunada al presidencialismo exacerbado y sin ningún control, ya ha afectado también al Poder Judicial, pues de forma totalmente irregular se pretende incrementar el periodo en los cargos del actual presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en franco desacato a los artículos 94, 97 y 100 de la Constitución”, expuso.
Ante el Pleno de la Comisión Permanente, Pastor Badilla dijo que, “en nuestro grupo parlamentario, siempre hemos defendido la autonomía e independencia judicial, valores fundamentales, en los cuales descansa la democracia, el equilibrio de poderes y la supremacía constitucional; por ello, toda vez que compartimos el interés del Ministro Presidente de la Corte de ofrecer respuestas inmediatas respecto a la constitucionalidad de la ampliación legislativa en los cargos del Poder Judicial, consideramos pertinente incorporar en la Ley las normas que regulen el procedimiento de consulta ante el Pleno del máximo tribunal, cuando con la emisión de normas generales puedan vulnerarse los principios de autonomía e independencia judicial”.
En la propuesta se describe que la legitimación para iniciar el procedimiento correrá a cargo de quien ocupe la Presidencia o de cualquiera de las o ministros integrantes de la Corte y deberá presentar la consulta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las normas tildadas de inconstitucionales. La solicitud tendrá que hacerse por escrito y precisar las normas que se someten a consulta; los preceptos constitucionales frente a los cuales se estudia su constitucionalidad, y las preguntas o cuestiones objeto de la consulta. El trámite será de carácter urgente, la discusión y la resolución que emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá regirse por los principios de transparencia y máxima publicidad. La resolución debe aprobarse a más tardar dentro de los 30 días naturales, contados a partir de que se someta la consulta al Pleno, se tendrá por aprobada con la mayoría simple de sus integrantes y tendrá efectos generales e inmediatos sobre la norma cuestionada.