Por Elizabeth Vaca
*Necesario facultar a dependencias y estados a fin de que ya no se entreguen obras simuladas, inconclusas o defectuosas en su construcción, aseguró
Coneme / Con el propósito de que las obras públicas sean sometidas a programas de verificación de calidad y cumplimiento a las normas especificadas en los contratos de ejecución, para evitar el pago de gratificaciones o moches a cambio de ser beneficiados con la adjudicación de contratos, el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El legislador por Sinaloa explicó que es necesario facultar a las dependencias y estados para que puedan realizar la revisión que corresponda a los proyectos ejecutados, a fin de que ya no se entreguen obras simuladas, inconclusas o defectuosas en su construcción.
Enfatizó que los pagos de gratificaciones y moches constituyen hechos ilegales que significan afectaciones para las finanzas públicas y también representan un peligro para usuarios y una irregular situación que afecta los proyectos de infraestructura, que son fundamentales para el desarrollo regional y nacional.
“Estas irregularidades han sido reportadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, que han documentado, entre otros hechos, licitaciones sin el cumplimiento de la normativa correspondiente, así como obras no realizadas o ejecutadas con mala calidad y por las cuales se han cubierto todos los pagos respectivos. Simulaciones que llevan a cabo la mala calidad y obras inconclusas que le cuestan caro al erario público”, agregó.
El petista añadió que con las reformas se establece que una vez concluidos los trabajos, las dependencias y entidades estarán facultadas y obligadas a realizar la revisión que corresponda a las obras públicas que se reciban como ejecutadas; “en tanto que el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos; para ello, los trabajos se garantizarán durante un plazo de sesenta meses”.