Por Elizabeth Vaca
*Entre los temas: gestión menstrual, trabajo en centros penitenciarios e identidad de género
Coneme / La Comisión de Justicia, presidida por el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó tres dictámenes que reforman la Ley Nacional de Ejecución Penal, en temas de gestión menstrual y perspectiva de género, trabajo en centros penitenciarios y reinserción social, e identidad de género.
Gestión menstrual
Con 25 votos a favor, la instancia legislativa aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión menstrual y perspectiva de género.
Desde plataforma digital, la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) celebró la voluntad de la Comisión para que se amplíen los derechos de las mujeres en el tema de gestión menstrual; sin embargo, externó su preocupación por el presupuesto, “ya que no se contempla para esas acciones, lo cual resulta preocupante”.
Trabajo en centros penitenciarios
Fue avalado con 25 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de trabajo en centros penitenciarios y reinserción social,
El diputado Macías Olvera mencionó que lo que hoy se está votando es la obligación de la autoridad penitenciaria a generar los mecanismos y convenios necesarios para que aquella persona que no pueda sufragar el gasto del dispositivo electrónico, esa autoridad lo haga.
También, dijo, se busca abrir el margen, sin caer en el impacto presupuestario que pudiera dejar sin materia a la reforma. Añadió que si bien la reinserción social es un derecho también es un principio.
Vía plataforma digital, la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) consideró vital ver a la reinserción social como un derecho y no como un principio. Anunció que su grupo parlamentario presentará un voto particular y planteó garantizar que las autoridades den de manera gratuita los dispositivos a las personas que son beneficiadas con la libertad condicional.
Desde Zoom y como uno de los promoventes, el diputado Bernardo Ríos Cheno (Morena) indicó que la finalidad es la certificación de la reinserción social y retroalimentar el trabajo al interior de los centros de reclusión; se pretende que sea avalada por las autoridades penitenciarias y laborales, e incluso por las instituciones educativas.
Hizo votos por establecer las condiciones necesarias para que en el tiempo de reclusión se lleguen a medios que ayuden a que una vez que recuperen la libertad estén en condiciones de acceder a un empleo, “lo que ayuda a que baje el índice delictivo; estamos contribuyendo a que no vuelven a delinquir”.
Desde plataforma digital, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) mencionó que se puede transitar a la visión de principio, porque dejar la de derecho “es bueno, ya que es la manera de orientar las políticas públicas, los programas y acciones para hacerlos efectivos.
Identidad de género
El tercer dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de identidad de género, fue ratificado por 22 votos a favor.
El diputado Macías Olvera indicó que se recibió una solicitud de modificación a la redacción por parte de la diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena), “por lo que la Comisión la hace suya, ya que fortalece el espíritu de la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, y evitar la discriminación”.
Al leer la propuesta de modificación, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM), expresó que en el artículo 4-Principios Rectores del Sistema Penitenciario, se incluye que las personas sujetas a la ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable en los términos y bajo las condiciones que estas señalan.
No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud, jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, orientación sexual, identidad de género, identidad de afiliación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales, o cualquier otra que atente contra dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Precisó que en el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de su libertad en su centro penitenciario, se busca establecer que reciban atención medica preventiva y tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad, sexo e identidad de género.
Además, que por lo menos cuenten con unidades que brinden asistencia médica de primer nivel en términos de la Ley General de Salud en el centro penitenciario y, en caso de que sea insuficiente la atención brindada, se podrá solicitar que la persona sea remitida a un centro de salud público.
En el artículo 23, indicó que se contemplan los protocolos de actuación en casos relacionados con la identidad de género de las personas privadas de libertad.
Desde plataforma digital, la diputada Salma Luévano Luna (Morena) aplaudió el sentido de humanidad en la reforma, la cual es necesaria, “ya que los derechos humanos son para todas, todos y todes, y no debemos olvidarnos de quienes están en los reclusorios”.