Por Elizabeth Baca
*Detuvieron en EU con droga a sobrino del secretario de Economía y al Secretario Particular del Fiscal estatales
El senador de Morena, Jaime Bonilla Valdez, ratificó su señalamiento respecto a que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el Fiscal de Justicia del estado, Ricardo Iván Carpio, tienen nexos con el crimen organizado; al tiempo de afirmar que no lo van a intimidar con falsas acusaciones judiciales.
Al intervenir en la tribuna parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su reincorporación este miércoles al Senado de la República, el exgobernador de Baja California previno que los adversarios a la Cuarta Transformación intentan de manera infructuosa ligar los últimos sucesos de violencia con errores del Gobierno Federal.
El senador por Morena, afirmó que la administración de la mandataria Ávila Olmeda tiene pacto con los cárteles delictivos, en particular con el crimen cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la acusó de utilizar un esquema idéntico en materia de seguridad al de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón.
García Luna se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, acusado de vínculos con el narcotráfico y cuyo juicio fue aplazado hasta el siguiente año a solicitud del nuevo abogado a efecto de contar con el tiempo necesario para preparar su defensa.
Durante su intervención en la Comisión Permanente, el exgobernador manifestó que la inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en Baja California es una falla gubernamental, una falta de oficio político, de conocimiento de lo que está pasando en la entidad.
Tajante, el legislador previno que “en el tema de la inseguridad, no hemos sido ajenos a las consecuencias. La inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en el país, en los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California, fue diferente a otras más…Yo, como nativo de la entidad, nunca había experimentado una situación igual”.
Para enseguida asegurar: “Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que en Jalisco, Guanajuato, etcétera, etcétera, y no es cierto. El tema de Baja California es una falla fundamental estatal, es una falta de oficio político y de conocimiento de lo que está pasando en la entidad. Es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hayan sabido, con la inteligencia que tienen, lo que iba a pasar.
-Y si no sabían, ¿pues, entonces, en manos de quién estamos? Baja California es un pueblo muy avispado…-agregó.
Enseguida dijo que en entrevista con medios de la prensa en aquella entidad le preguntaron respecto a diferentes temas, de la entidad y hablé del asunto del fiscal. Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido resultado de un arreglo previo de los cárteles, y en lo particular, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sostuvo que en el estado aparecieron grandes mantas donde el CJNG hizo un reclamo a la gobernadora con señalamientos particulares, con nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo…
“Eso nunca pasó en mi gobierno. Mi gobierno jamás tuvo un incidente como el que pasó ahora, con la quema de más de 20 unidades, donde fue diferente a las ocurridas en el resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cártel donde le dijo: violaste el arreglo.
“Ahora, ¿por qué voy a esto?, porque el fiscal de Baja California, con quien se violó la Constitución para poderlo designar porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los cárteles, y yo se lo dije públicamente que en Baja California hay quién defienda a la sociedad, no vamos a ser intimidados con persecuciones políticas y amenazas para que salga esto a la luz”.
Recordó que hace unas semanas, el secretario particular del fiscal, Octavio Andreé Espino Torres fue detenido en Estados Unidos en posesión de droga. Y es que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), descubrió 45 paquetes de metanfetamina ocultos en la cajuela del vehículo.
Más tarde, el senador Jaime Bonilla comentó también en una entrevista con Heraldo Radio la captura hace poco más de un mes, con un cargamento de 2.2 toneladas de cristal en San Diego, California, de Rafael Alzua Honold, sobrino del actual secretario de Economía e Innovación del gobierno marinista, Kurt Honold Morales, exalcalde de Tijuana en el año 2007.
Expuso que, pese a que desde el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda intentaron ocultar todo eso, la información fluyó desde Estados Unidos, donde se difundió que dicho decomiso “se trata de uno de los más grandes registrados en el condado de San Diego”.
La Fiscalía del Distrito Sur de California dio a conocer que Rafael Alzua Honold, Ethgar Velázquez y Mario y Galdrino Contreras fueron presentados ante el juez federal Mitchell D. Dembin, la tarde del viernes 8 de julio; al referir que el 7 de julio un camión de carga cruzó de Tijuana a San Diego con el cargamento por la garita de Mesa de Otay.
Pero un equipo de la Agencia Antidrogas detectó al camión cruzar la frontera y dirigirse de manera sospechosa a un domicilio donde otras personas esperaban al conductor. Al revisar las cajas y los vehículos con ayuda de un agente canino, los elementos encontraron más de 2 mil 267 kilogramos de metanfetaminas.
Durante su intervención en la tribuna de la Comisión Permanente, Bonilla Valdez acotó que en las cuatro entidades donde se registraron los escandalosos y lamentables hechos de inseguridad el fin de semana anterior, no hubo la debida intervención y petición de apoyo de los gobiernos municipales y/o estatales hacia las autoridades federales.
Incluso, rememoró que de esos cuatro estados: Guanajuato y Chihuahua son gobernados por el Partido Acción Nacional; el de Jalisco, es de Movimiento Ciudadano; y solo Baja California es de Morena, el cual representa el 25 por ciento del total de entidades con la violencia inusitada que se registró el fin de semana anterior.
Por todo ello, repuso que “lo que pasó en el estado -actos de violencia contra negocios, autos y personas- no fue una casualidad, fue un acto que se coordinó por los carteles, como un reclamo al gobierno de Baja California”.
El también exgobernador de Baja California ratificó que lo que declaró públicamente lo hacía ante esta Comisión Permanente, “porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California por tener un gobierno que, a espaldas de lo que le promete al Señor Presidente, hace cosas distintas”.