Por Jessica González
*Se negaría autorización a establecimientos cuyos propietarios, socios o representantes hayan sido condenados por diversos delitos
Coneme / A fin de proteger a las instituciones financieras y a sus usuarios de la delincuencia organizada y regular las casas de empeño, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) propuso reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Plantea adicionar un artículo 49 Bis para establecer que “no obtendrán la autorización para funcionamiento y operación, las instituciones financieras que estén integradas por propietarios, accionistas, socios, directivos, representantes o administradores que hayan sido condenados por delitos de delincuencia organizada, patrimoniales o financieros”.
Además, que la violación a esta disposición se sancionará con la revocación inmediata de la autorización para operar que haya emitido la autoridad competente.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, también modifica el artículo 2 de dicho ordenamiento legal para incluir a las casas de empeño como institución financiera.
En los considerandos, la legisladora explica que la finalidad es reforzar las medidas de protección, seguimiento, revisión y supervisión de estos negocios, así como ampliar las instituciones y autoridades encargadas de velar por las garantías de los establecimientos y de sus clientes.
El documento refiere que “desde hace tiempo se ha detectado la instalación de casas de cambio, cajas de ahorro o casas de empeño creadas y financiadas por delincuentes y con dinero de procedencia ilícita”.
Subraya que “la expansión descontrolada de este tipo de lugares, que atienden una demanda cada vez más creciente por parte de la población, corresponde muchas veces a negocios fachada de delincuentes que encuentran en lo laxo de los requisitos y la flexibilidad de los requerimientos para su operación y funcionamiento, una oportunidad para seguir delinquiendo a través de fraude a los clientes o lavando el dinero proveniente de su actividad ilegal”.
“No podemos tolerar o permitir que la noble e importante función de estas instituciones financieras se vea empañada y amenazada por la delincuencia organizada insaciable, que tanto daño nos ha hecho” agrega.