Por Jaime Arizmendi
Coneme / El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una propuesta para establecer en la Ley que se instalen sistemas para la captación, almacenamiento y reutilización de agua de lluvia en todas las construcciones y edificaciones tanto públicas como privadas en la Ciudad de México.
Indicó que en el Valle de México actualmente se extrae el equivalente a 55 metros cúbicos por segundo y solamente se recargan 25 a los mantos acuíferos, es decir, se recarga menos de la mitad de lo que se extrae y se consume.
Por lo que “_una de las maneras más sencillas que tenemos para no quedarnos sin agua, es aprovechando la gran cantidad de lluvia que cae todos los años, particularmente en la capital, en la que llueve durante varios meses”_sostuvo Sesma Suárez.
Dicha iniciativa busca aliviar la emergencia que se vive en la capital del país por el desabasto de agua, causada por el agotamiento de los recursos hídricos, fallas en el suministro, escaso tratamiento de aguas residuales y desaprovechamiento del agua de lluvia.
En tribuna, el legislador ecologista señaló que es lamentable que la ciudad sufra de grandes inundaciones en la temporada de lluvia y no se aproveche prácticamente nada de ella, “se va por el drenaje, no logra infiltrarse al subsuelo para recargar los mantos acuíferos, por lo que es necesario importar el agua de localidades cada vez más lejanas, además de que cerca del 40% de esta agua se pierde en fugas”.
Asimismo, indicó que tan solo entre 2019 y 2020 las alcaldías gastaron casi 150 millones de pesos en pipas para el abastecimiento de agua potable, un gasto innecesario si existieran sistemas de captación de agua en todos los hogares, negocios, oficinas, edificios públicos y privados de la Ciudad de México.
Finalmente, en tribuna, Jesús Sesma pidió que el gobierno lleve a cabo la instalación de sistemas para la captación de agua de lluvia en todas las construcciones y edificaciones de manera obligatoria, estableciendo un plazo de 3 años para las públicas y 5 años para las particulares.