Por Carlos Mauricio Hernández / Corresponsal
*La Comisión Nacional llama a las autoridades correspondientes a realizar una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos
*Esta Comisión expresa sus condolencias a los familiares de la víctima y habitantes del poblado de Jaleaca de Catalán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el homicidio del defensor ambiental Marco Antonio Arcos Fuentes, y demanda a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con su actividad en defensa de los derechos humanos.
Según diversas notas informativas, el defensor fue asesinado en el interior de una taquería en el municipio de Chilpancingo, Guerrero. Con este homicidio suman ya 66 defensores asesinados desde el año 2006 a la fecha.
Por ello, este Organismo Nacional reitera su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, tendentes a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los defensores de derechos humanos, pues dichas agresiones constituyen un obstáculo e inhiben el pleno ejercicio de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
La presidenta de la CNDH expresa condolencias a las y los familiares de Marco Antonio Arcos Fuentes y habitantes del poblado de Jaleaca de Catalán y observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y su presentación ante la justicia para que reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad.
Este Organismo Nacional condena la violencia contra los defensores de derechos humanos en todas sus formas, fenómeno que constituye uno de los principales obstáculos para que nuestro país se consolide en un Estado de Derecho.
De igual manera, la CNDH destaca la importancia de que las autoridades garanticen condiciones que permitan que los defensores de derechos humanos realicen su actividad sin restricción alguna y eviten la repetición de este tipo de conductas.