Por Alberto Woolrich

Coneme / En ésta Cuarta Transformación de la Nación, los funcionarios del medio de procuración de justicia que merecen el elogio de la abogacía independiente, que en realidad son muy pocos, lo obtienen por diferentes particularidades: Unos por sus conocimientos y deseos de combatir la corrupción en su ámbito, otros por su forma de servir a la justicia, otros por su amor a México. Esas togas, aun dependiendo de Alejandro Gertz Manero siguen pretendiendo acotar a la corrupción en la Fiscalía General de la República, tomando y ganando mejor terreno para combatirla, abrumándola para ello con golpes duros, certeros y frecuentes.

Hay que resaltar, como significativo, el hecho de que no todas las togas de esa institución se han mostrado conformes con la omisión de Alejandro Gertz Manero a fin de no indagar a profundidad el fenómeno de la narco-política que agravia a nuestra Patria. Son varios los altos funcionarios de la Representación Social Federal que entienden que tal omisión es absolutamente ilegal.

La Procuraduría General de la Federación, ahora fiscalía, durante el neoliberalismo y en estos tres años de gobierno se han quedado a medio camino. No se atreven a hacer valer el contenido de nuestra Constitución Política: La indagación, detención, procesamiento, sentencia y formal encarcelamiento del narco-político que dañó la integridad de la Nación, conllevaría a obtener lo que México anhela.

Algunos pares del actual fiscal, con incluyente de él, utilizan a la justicia como pretexto a fin de pretender dar legalidad a ese desmadre. Mal entendiendo que el haber creado alianzas del Estado con el narcotráfico para bajar aviones cargados de cocaína no es una causa de Seguridad Nacional. Ello resulta ser una causa para intervención del Derecho Penal. Pero bueno, corrupción al fin y al cabo.

Esas degeneraciones en su actuar han provocado inseguridad, derramamiento de sangre, ilegalidad, falta de credibilidad en el actuar de la autoridad, falta de respeto al Estado de Derecho, desconfianza en el Poder Ejecutivo, cadena de complicidades y muy largos etcéteras.

Han supuesto la negación absoluta de la justicia y de nuestra Constitución Republicana, han causado indignidad a México y han convertido al Derecho y a la Fiscalía General de la República en una gran cloaca de putrefacción.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., se limita a expresar que todo ese incorrecto actuar resulta ser un atentado contra la Suprema Ley, que implica objetivamente la facilitación y crecimiento de la corrupción y toda suerte de aberraciones institucionales, lo que supone golpear la dignidad de nuestra Nación.

Como se ha expresado, muchas veces, todo ese incorrecto hacer únicamente resulta una exhibición de impudicia del Estado que, sin duda, se creen asistidos del derecho a delinquir impunemente porque, en definitiva, se estiman superiores a nuestras leyes. México ya se hartó de ello.