Por Laura Brugés
- El punto de acuerdo busca se retome la carpeta de investigación con una visión de perspectiva de género, reconociéndole a Roxana “N”, su calidad de víctima y todos sus derechos
Coneme / Con el objetivo de que se implemente el principio de celeridad y se ordene la reparación del procedimiento derivado de las irregularidades presentadas en la carpeta de investigación correspondiente el caso de Roxana “N”, joven indígena que mató a su violador, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a efecto de reconocer la calidad de víctima de la imputada.
El punto de acuerdo suscrito por la diputada Guadalupe Morales Rubio (MORENA) y presentado por el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), solicita al titular de la FGJ en el Estado de México, se retome la carpeta referida con una visión de perspectiva de género, reconociéndole su calidad de víctima, así como todas y cada uno de sus derechos humanos en dicho procedimiento.
Asimismo, se exhorta rinda un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado.
De acuerdo con el testimonio del diputado Villanueva Ramos, la joven indígena, que desde el mes de mayo pasado se encuentra presa en el bordo de Xochiaca por matar a su violador en legítima defensa, no se le realizaron las pruebas correspondientes, conforme a los protocolos.
“Ya que no le fue asignado un perito traductor, solamente (las autoridades) se concentran en iniciar la investigación por el delito de homicidio, sin valorar las circunstancias particulares como es la legítima defensa y bajo una perspectiva de género durante la valoración del caso”, expuso el legislador.
El diputado refirió que, para salir de este limbo, la imputada tiene dos opciones, aceptar la acusación del ministerio público o ir a juicio contra el mismo sistema que la mantiene en prisión; el cual dijo, de una u otra forma el costo es alto, ya que si se declara culpable implica cumplir una pena de seis meses a 7 años de cárcel, además de pagar una reparación del daño muy elevada.
Si rechaza el procedimiento abreviado, se enfrenta a un destino incierto ante un sistema de justicia patriarcal que no le practicó los estudios mínimos para comprobar la violación de la que fue objeto.
“Roxana no sólo es víctima de violación, también está siendo víctima de un sistema de justicia patriarcal que debería liberarla de inmediato, y también repararle el daño por la violencia institucional que está sufriendo durante todo este proceso”, concluyó.