Por Orlando Orta
- La legisladora de la bancada tricolor informó que se reportan pérdidas de 7 mil millones de pesos por la toma de casetas en el país
- Los cierres arbitrarios por personas o grupos de la delincuencia afectan el traslado de mercancías, tránsito de personas y al turismo, sostuvo la diputada priista
Coneme / La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Marcela Guerra Castillo, señaló que en los últimos meses se han registrado cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, el comercio y la economía del país, por ello, propuso una iniciativa para instaurar la prisión preventiva oficiosa al cierre de vías de comunicación.
Al exponer en la tribuna del Pleno camaral esta modificación, la legisladora priista argumentó que estas acciones realizadas por contingentes de manifestantes o grupos de la delincuencia organizada, en entidades federativas como México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Ciudad de México, representa una afectación nacional, por lo que subrayó, la iniciativa incluye agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado.
Detalló que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó por estos bloqueos a vías férreas en su entidad, pérdidas por más de 150 millones de pesos, con la interrupción del traslado de toneladas de mercancías, tránsito de personas y afectación al turismo.
En ese sentido, Guerra Castillo, indicó que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como empresas privadas, estiman también pérdidas de 7 mil millones de pesos originados solo para toma de casetas a lo largo y a lo ancho del país. Los daños colaterales, expuso, son un marcado debilitamiento a las cadenas de distribución, la logística y las operaciones industriales en nuestro país.
A pesar de estas problemáticas, la diputada priista aseguró que las acciones del gobierno federal han sido insuficientes, por lo que, propuso, desde el Poder Legislativo tomar cartas en el asunto, que reviertan estas maniobras arbitrarias que vulneran la seguridad y la movilidad de los mexicanos, quienes esperan por largas filas y pagan cuotas ilegales.