Por Juan José Hernández / Corresponsal
Coneme/ La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluar nuevas rutas legales.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, encabezadas por el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez lamentaron esta decisión por parte de la Corte estadounidense al reforzar la impunidad corporativa y para el caso mexicano tiene consecuencias letales.
Porque permite que los grupos criminales sigan adquiriendo armas de forma ilegal en grandes cantidades y las utilicen para cometer diversos delitos en el país.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, las y el legislador señalan que por negligencia, los fabricantes de armas estadounidenses venden armas sin controles adecuados, lo que facilita el desvío de armamento al crimen organizado en México.
“Decenas de millas de muertos, desplazados y comunidades fragmentadas han sido víctimas de un conflicto donde están implícitos rifles, pistolas y municiones producidas legalmente en Estados Unidos”, apuntaron.
Por ello, sostuvieron que el fallo de la Corte Suprema, perpetúa un modelo asimétrico en las relaciones binacionales ya que México ha cooperado con Washington en temas de seguridad, migración y narcotráfico, pero no ha recibido un cambio la misma disposición para contener el flujo de armas.
“En lugar de una corresponsabilidad bilateral, lo que el fallo representa es una reafirmación de la soberanía estadounidense sobre las vidas mexicanas: pueden morir por sus balas, pero no pueden exigir justicia por ellas”, mencionó.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 2015 y 2020 ingresaron ilegalmente a México aproximadamente 2.5 millones de armas, es decir, un promedio de 500 mil por año.
Las consecuencias son comunidades enteras en estados como Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán que han sido desplazadas por grupos armados que emplean fusiles de asalto y armas semiautomáticas de alto calibre, imposibles de conseguir legalmente en México.
Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más de 380 mil personas han sido desplazadas internamente por la violencia armada desde 2006.
“Sin embargo, la respuesta de estas empresas ha sido negativa, alegando que sus productos son vendidos legalmente y que no pueden controlar el destino final de las armas”, detallaron.
En este sentido, los senadores del PT reconocieron los esfuerzos realizados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los grupos del crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas y expresaron su respaldo para que las autoridades mexicanas insistan por la vía legal en que se mantenga dicha reclamación.
Asimismo, enfatizaron que es necesario que se asuman y penas más severas de parte del gobierno estadounidense para evitar el tráfico ilegal de armas por parte de células delictivas en la frontera norte del país.
«México no puede aceptar que el lucro comercial de unas cuantas empresas valga más que la vida de nuestra gente. La Corte Suprema ha fallado en justicia, pero no podrá silenciar la verdad. Porque cada arma que cruza la frontera sin control es una herida abierta en nuestra soberanía, y cada paso que damos hacia la rendición de cuentas es un acto de dignidad nacional», concluyeron.